14 ene. 2025

Militar denuncia arbitrariedad y pide intervención de DDHH

Apelación.  Las abogadas del sargento Rivarola Benítez accionaron ante la determinación de la Justicia Militar. Solicitan la revocación y absolución de culpa y pena al efectivo militar que denuncia violación de sus derechos.

Apelación. Las abogadas del sargento Rivarola Benítez accionaron ante la determinación de la Justicia Militar. Solicitan la revocación y absolución de culpa y pena al efectivo militar que denuncia violación de sus derechos.

Mientras que en la Justicia Militar no avanzan investigaciones contra oficiales, como el caso del ex comandante de Fuerzas Militares, general Luis Gonzaga Garcete, otros casos reciben sanciones fuertes.

El pasado 16 de agosto, el sargento de Ingeniería Juan Pío Rivarola Benítez fue condenado a un año de prisión en Viñas Cué por insubordinación y falta contra la disciplina militar. La causa fue apelada a instancias de la Justicia Militar.

El efectivo militar, a través de sus abogadas Mirian Torres y Liz Marlene Duarte, denunció la violación de todos sus derechos y exhortó a las Comisiones de Derechos Humanos de las Cámaras de Diputados y Senadores a que puedan revisar su caso.

En el 2015, este efectivo militar había realizado una denuncia ante la oficina de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso contra algunos oficiales por sobrefacturación y persecución en el Comando de Ingeniería.

A partir de allí, el efectivo –ahora preso en Viñas Cué– empieza a sufrir persecución por parte de los oficiales, según consta en el documento.

El caso que fue denunciado ante la Justicia surgió luego de que acusaron a Rivarola Benítez de llegar tarde a las actividades realizadas dentro de la institución castrense.

La defensa sostiene que es una represalia por parte del Cap. Ing. Israel Ananías Medina, Cap. Ing. Abel Benítez; Tte. Ing. Rubén Martínez Larré; Tte. 1º Ing. Andrés Woronieski; Tte. 1º Ing. Ruth María González Agüero.

Le solicitaron un informe por escrito. Los testigos claves no fueron llamados a declarar ante la Fiscalía Militar. Posteriormente fue acusado de supuesto delito de desobediencia, insubordinación y falta contra la disciplina militar quedando privado de su libertad desde el 9 de mayo de 2018, en el penal militar de Viñas Cué.

La defensa afirma que fueron violentados todos sus derechos contemplados dentro del Código Procesal Militar.

Además que la fiscala encargada de investigar, mayor JM Sandra Gómez, hizo caso omiso de las violaciones de los artículos que le fueron aplicados y que en ningún momento se buscó esclarecer el caso.

La Justicia Militar, para sancionar durante la investigación, tomó determinaciones arbitrarias y le envía a Viñas Cué, añade la denuncia. El 29 de agosto fue presentado por las abogadas la apelación y la absolución del caso. Sin embargo, no se conforma el Tribunal de Apelación y lo mantienen en prisión militar.