La reorganización es necesaria. La estructura actual es resultado del statu quo de varias décadas, con funciones vinculadas dispersas en varias instituciones con escasa coordinación y que resultó en un proceso desordenado e ineficiente de política económica y de asignación de recursos públicos y una pésima calidad del gasto y de los servicios públicos, que hoy es una de las principales trabas para el desarrollo del país. En la Constitución de 1992 está implícita la economía social de mercado como sistema de organización económica y prevé que el Estado implemente una política económica que promueva el desarrollo a través del uso racional de los recursos disponibles para impulsar un crecimiento ordenado y sostenido de la economía, y que los planes de desarrollo serán indicativos para el sector privado y de cumplimiento obligatorio para el sector público.
La creación del MEF como responsable de la formulación e implementación de la política económica, así como de los planes nacionales de desarrollo, es un paso positivo para mejorar la utilización de los escasos recursos públicos disponibles y maximizar su impacto en el bienestar de la gente. Esto es un reclamo del sector privado que se siente huérfano en términos de una institución responsable de planificar, orientar y promover el desarrollo económico del país. La incorporación del capital humano y la experiencia de la STP y la Función Pública en su estructura permitirán una vinculación directa entre los objetivos y lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo con la asignación y gestión de los recursos públicos, anualmente, en el proceso de aprobación y ejecución del Presupuesto General de Gastos. Esto, con el tiempo y en la medida en que los parlamentarios lo respeten, redundará en una mejor calidad del gasto público y mejores servicios para la ciudadanía. Sin embargo, para que esto sea una realidad, el MEF deberá apoyar intensamente y dotar de las capacidades necesarias a los organismos del Estado para elevar la calidad de los Planes Estratégicos y Operativos Institucionales y que estos sean útiles para la asignación de recursos y la evaluación de su impacto en el desarrollo.
Si bien el MEF será responsable de la formulación y definición del plan nacional de desarrollo y de las políticas económica y fiscal, su foco de gestión será la correcta asignación y utilización de los recursos públicos, lo cual es una prioridad para mejorar la calidad del gasto en los próximos años. Además, deberá coordinar y monitorear la ejecución de los demás componentes de la política económica. La política monetaria seguirá bajo responsabilidad del BCP con la autonomía correspondiente. Un capítulo especial merece la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) como ente autónomo, por la experiencia histórica que combina una baja cultura tributaria, alta permeabilidad de las instituciones públicas a la corrupción y la influencia política y sectorial, que si se apoderan de ella podrían volverla ineficaz, afectando severamente la recaudación de impuestos. Es recomendable mucha prudencia en su implementación, otorgarle un poder rector al ministerio de economía sobre la DNIT, encarar un proceso de depuración interna e introducir un mecanismo de blindaje en el nombramiento y remoción de sus autoridades para asegurar su real autonomía, perfil técnico e integridad.
La creación del ministerio de economía y finanzas es un paso positivo para mejorar la calidad de las políticas públicas, pero no es la panacea, porque en economía no existen los milagros. Bien implementada, puede mejorar la asignación de recursos públicos, vinculando los planes y objetivos nacionales con la elaboración y ejecución del presupuesto. Solo esto ya tendría un gran impacto en el desarrollo y en el bienestar de la gente. Además, clarificar la responsabilidad sobre la política económica permitirá su implementación más efectiva y generar más predictibilidad e incrementar la inversión, que redundarán en mayor crecimiento económico con oportunidades para la gente.
