Luego de que haya saltado a la luz que la Policía Nacional envió al Ministerio de Justicia un informe de inteligencia, ya el pasado 31 de octubre, alertando sobre un plan de asalto que se estaba gestando en la cárcel de Itapúa por peligrosos delincuentes y advirtiendo que se realice una requisa para abortar el plan, la cartera estatal emitió este viernes un comunicado en el cual busca deslindar su responsabilidad.
Pese a que el documento no habla sobre un ataque en particular, la entidad alega que la institución y el ministro Ángel Ramón Barchini no recibieron “de manera oficial una comunicación sobre la preparación de un hecho punible concreto”, refiriéndose al fatal asalto de un camión transportador de caudales en Coronel Bogado.
“Mal se puede afirmar que esta secretaría de Estado omitió informes de Inteligencia. Las informaciones de inteligencia sensibles y corroboradas son remitidas o comunicadas de manera oficial, o personalmente, a la cabeza de la institución y tramitadas inmediatamente entre pares”, sostiene Justicia.
Al respecto, indica que la nota que fue divulgada solo fue enviada “vía WhatsApp” por el comisario Pedro Heriberto Lesme Servín, jefe de Gabinete del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, a un subordinado del subcomisario Derlis Ramón González Franco, quien se desempeña como jefe de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia.
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También sostiene que uno de los datos proporcionados en el escrito “carecía de veracidad”, ya que manifestaba que el recluso Carlos Alberto Chávez estaba preso en la penitenciaría de Itapúa, cuando en realidad está en Coronel Oviedo, “por lo que el informe perdió consistencia”.
Afirmó que el documento no fue validado por la entidad debido a que manejan un protocolo en coordinación con la Policía Nacional, la Secretaría Nacional de Inteligencia y las Fuerzas Armadas, a fin de chequear y dar seguimiento a cada caso.
“Solo llegan al ministro cuando los datos verificados y analizados cumplen con el protocolo y tienen absoluta veracidad. En este caso, la información remitida al Ministerio de Justicia no fue validada por los organismos de seguridad. (...) El Departamento de Inteligencia Penitenciaria del Ministerio de Justicia recibe a diario numerosos informes similares a este de diferentes fuentes de información”, acotó.
Por otra parte, Justicia también aclaró que la requisa que se realizó a las 23:00 del miércoles último en las penitenciarías de Encarnación y Coronel Oviedo fue a pedido de la Policía Nacional, tras el asalto al transportador de caudales y que el procedimiento estuvo acompañado “muy de cerca” por funcionarios del ministerio.
En cuanto a la cárcel de Encarnación, señala que el operativo fue dirigido por el comisario César Silguero, director general de Investigación Criminal de la Policía Nacional; el coronel Rubén Peña, director general de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia; y el subcomisario Derlis González, coordinador de la Unidad de Seguridad, Información e Inteligencia Penitenciaria.
El Ministerio de Justicia realizó dichas aclaraciones debido a las críticas que recibió tras darse a conocer que hizo caso omiso al informe policial, ya que no realizó la requisa preventiva y el pasado martes se dio el megaasalto a un camión transportador de caudales de la empresa Prosegur en la localidad de General Delgado, rumbo a Encarnación, en el Departamento de Itapúa.
Justicia es “verticalista”, defienden
Rodrigo Nicora, viceministro de Política Criminal de Justicia, habló al respecto a través de Monumental 1080 AM, y reiteró lo expuesto en el comunicado institucional. Sostuvo que el informe “nunca fue recibido por el Ministerio de Justicia por los conductos correspondientes” y que no cuenta con ningún recibido o validación, sobre todo porque fue remitido “de forma informal vía WhatsApp a un subalterno”.
“Ni siquiera está firmado por el comisario principal Luis López, jefe del Departamento de Crimen Organizado. Distinto hubiese sido si era comunicado de manera forma o verbal por el encargado, esa es la diferencia. Se le da la dotación que corresponde a cada información que recibimos”, afirmó.
Aseveró que la entidad recibe todos los días demasiada información tanto de manera formal como informal, debido a que tienen muchas fuentes humanas, pero que finalmente se van clasificando los niveles “de veracidad o importancia” de cada informe.
“Justicia es una institución verticalista. El documento no puede salir de un subalterno de forma informal a otro subalterno, tiene que pasar por procesos de validación y el protocolo interno no ocurrió. La información nunca pasó de la Unidad de Inteligencia porque a diario se manejan demasiados datos sobre hechos punibles y ahí se hace una clasificación”, acotó.
Al ser consultado respecto al motivo por el que la requisa en la penitenciaría no fue comunicada al Ministerio Público, sostuvo que se manejó con mucho “hermetismo” tras la recomendación de la Policía Nacional.
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“Se comunicó el resultado, el procedimiento en sí. La recomendación de la Policía fue justamente que lo hagamos de manera institucional y ese detalle también me voy a informar por qué no se comunicó previamente, pero entiendo que a veces se maneja de manera bien hermética y luego se elevan los resultados”, alegó.
“Cuando hablamos de internos que están en pabellones que pertenecen al crimen organizado el factor sorpresa es muy importante, por lo que se puede tener éxito. Sin embargo, cuando entran agentes se puede poner en aviso a los criminales y se puede perder”, sostuvo a su vez.
Una gavilla de aproximadamente diez hombres actuó con mucha violencia, con armamentos de alto calibre, explosivos y estaban preparados con una gran logística, tras lo cual se llevaron una gran cantidad de dinero. El monto que trasladaba el rodado era de aproximadamente G. 6.000 millones.
El hecho dejó un guardia de la empresa fallecido, un delincuente abatido, otro presunto implicado detenido, un herido y cientos de billetes esparcidos en el suelo.
