El designado obispo de Villarrica, Adalberto Martínez, consideró que la decisión que tomaron los diputados debe ser revertida para trasparentar la figura del Congreso Nacional. Indicó que el repudio de la ciudadanía con respecto al tema es generalizado.
Manifestó que para que la Cámara Baja “sea realmente honorable”, necesita mucha transparencia y compromiso de los políticos.
“Hay mucha presión de la ciudadanía en relación con este caso, y yo creo que el Congreso debe rever la situación, sobre todo, para transparentar todo lo que tiene que ver con la Honorable Cámara”, puntualizó.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppEl representante religioso aseveró que cada uno de los representantes de la Cámara Baja debe ser ejemplo y no tener cuentas con la Justicia.
“Los paraguayos nos merecemos legisladores que transparenten sus acciones y sean los primeros en dar ejemplos de credibilidad y que las leyes sean cumplidas. De ahí nacen las leyes y deben de ser cumplidas”, subrayó.
El religioso brindó estas declaraciones a la prensa antes de la ceremonia de egreso del V Curso de Operaciones Tácticas Motorizadas (Grupo Lince) de la Policía Nacional, que se realiza en la ciudad de Luque.
Por último, con respecto al arrepentimiento de Ibáñez, remarcó que es una cuestión subjetiva y personal. “Yo no soy quién para juzgar a las personas”, sentenció.
El miércoles, diputados de Colorado Añetete, de Honor Colorado y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) rechazaron el pedido de pérdida de investidura del diputado José María Ibáñez en una sorpresiva sesión extraordinaria.
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Con 42 abstenciones y seis votos en contra, la pérdida de investidura de Ibáñez no pudo ser posible en la Cámara de Diputados.
José María Ibáñez admitió haber utilizado sus influencias políticas para que tres de sus caseros sean contratados como auxiliares administrativos en la Cámara de Diputados. Los mismos recibían sueldos del Estado sin haber prestado servicios en el Congreso.
También fue acusado por estafa, cobro indebido de honorarios y expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Luego de admitir los hechos punibles, pagó G. 30 millones por daño patrimonial y otros G. 5 millones en donaciones, y la Justicia resolvió así la suspensión condicional del proceso que enfrentaba.
