Sin embargo, un factor negativo mencionado es una mayor deuda y/o una creciente carga de intereses, lo que disminuiría la fortaleza fiscal de país. Agrega además que la calificación también se vería comprometida si la implementación de la agenda de reforma estructural se estanca y no cumple los pronósticos.
La calificadora expresó que el país combina un sólido crecimiento económico, una mejora de las instituciones y una vulnerabilidad externa limitada, pero con una ase de ingresos menor en relación con países de igual calificación, resalta Ibarrola.
En lo que respecta a Fortaleza Económica (Economic Strength), la calificación fue Baa3, cimentada en un crecimiento económico sostenido (promedio del 4,3% anual entre 2010 y 2019), superior al de países con la misma calificación; la diversificación en curso con avances en manufactura y agroindustria para reducir la dependencia de la agricultura y la energía hidroeléctrica. Sin embargo, se resalta que el tamaño de la economía de un PIB nominal de USD 43,1 mil millones y con PIB per capita (por paridad precio de poder adquisitivo) de USD 15.869, siguen estando muy por debajo del promedio de países con calificación Baa, que es de USD 309.000 millones y USD 34.782, respectivamente.
Asimismo, en cuanto a Fortaleza Institucional y de Gobernanza (Institutions & Governance Strength) fue Baa3, para reflejar la mejora del marco institucional de Paraguay, a pesar de los débiles indicadores de gobernanza.
Menciona que las puntuaciones del Indicador Mundial de Gobernanza de Paraguay (específicamente, la eficacia del gobierno, el Estado de derecho y el control de la corrupción), se han encontrado sistemáticamente en el último cuarto de los países soberanos calificados por Moody’s y son más débiles que la mediana de los países con calificación Baa.
Otro ítem evaluado fue la Fuerza Fiscal (Fiscal Strength), que recibió una nota menor que en los criterios anteriores, es decir, Ba1. A pesar del aumento en los últimos años, la relación deuda/PIB sigue siendo inferior a la mediana del 54% para los demás países con nota Baa, con un pronóstico de 39,7% para el 2025 (hoy se encuentra en 36,5%). Sin embargo, se resalta que la asequibilidad, relación entre los pagos de intereses y los ingresos, se ha debilitado en los últimos cinco años (2019-23). Este indicador pasó de 5,8% en 2019 a alrededor del 13% de los ingresos en 2024, ligeramente por encima de la mediana de los soberanos con calificación Baa de alrededor del 10% para 2023. En este aspecto, la calificadora espera que el 2025 culmine con una relación de 12,1%; sin embargo, el primer mes de 2025 registró una relación de 13,4%, explicó el economista.
Finalmente, la Susceptibilidad a Riesgos (Susceptibility to Event Risk) recibió una nota “A”, fundamentada en la expectativa de que los eventos políticos no afectarán sustancialmente las métricas crediticias, el bajo riesgo de liquidez del gobierno gracias a un historial de déficits gubernamentales estrechos y bajo endeudamiento. El sector bancario presenta los índices de liquidez, reservas para pérdidas crediticias e índices de capitalización persistentemente altos. Además, dada la carga de deuda de Paraguay, el colchón de reservas adecuado y el tipo de cambio flexible (a pesar de la dolarización financiera relativamente alta), la calificadora no ve una vulnerabilidad significativa a los choques externos.
Ibarrola señaló que la evaluación de Moody’s incorpora el modelo ESG (Environmental, Social and Governance), que es un marco de análisis que evalúa cómo los factores ambientales (E), sociales (S) y de gobernanza (G) impactan en la calificación crediticia de un país.
“Las calificaciones obtenidas fueron de E-3, S-3 y G-2, para un puntaje final de CIS-3 (de un máximo de 5), lo que significa que los factores ESG tienen un impacto moderadamente negativo en su calificación crediticia”, indicó.
Moody’s señala que entre los desafíos se observan la dependencia del sector agrícola, lo que expone a la economía a riesgos climáticos; la recaudación tributaria relativamente baja (aunque en proceso de mejora), y los indicadores de gobernanza débiles, con retos en transparencia y control de la corrupción. Entretanto, sobre el rumbo que podría tomar la calificación, agrega que podría mejorar si la implementación de reformas estructurales mejora el marco institucional y de gobernanza del país, y si los esfuerzos para aumentar los ingresos del gobierno y reducir la proporción de deuda en moneda extranjera tienen éxitos significativos. También sería favorable un aumento de la inversión privada en los sectores de infraestructura y energía renovable. En cambio, la calificación podría ser revisada hacia abajo si los esfuerzos para modernizar la economía y aumentar la resiliencia dan señales de no cumplir con las expectativas de la calificadora.
