Así confirmó ayer el arquitecto Ricardo Riego, coordinador del fallido programa. “En mi oficina hasta ahora no me llegó nada”, expresó el funcionario al ser consultado sobre el tema.
César Marsal, directivo de Royal, resaltó que ya solicitaron más información al MOPC al respecto, pero no quiso dar mayores detalles. Se le solicitó copias de la nota que remitieron a la cartera, pero ya no se tuvo retorno. “Se le respondió al MOPC pidiéndole información, nada más, nada importante, procedimiento normal”, expresó.
Vale señalar que Royal ya notificó sobre el reclamo a la la firma suiza Swiss Re Corporate Solutions, que es la firma reaseguradora que debe cubrir la póliza en cuestión, por un monto de G. 40.390 millones (USD 6,4 millones al cambio actual).
La mencionada caución se ejecutará luego de que Mota Engil ni siquiera haya respondido a la nota del MOPC, del 25 de febrero pasado, en la cual la cartera le intimó el pago por el incumplimiento del contrato, por lo que ahora se recurrió directamente a la aseguradora.
DEMANDA DE MOTA ENGIL. Recordemos que la firma portuguesa recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, con sede en Washington, Estados Unidos, y además solicitó al MOPC para que se lleve a cabo otro arbitraje en Chile, con las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), cuya oficina central está en París, Francia.
En las dos demandas arbitrales en contra el Estado paraguayo, Mota reclama una indemnización de USD 25 millones por los supuestos “daños” que le generó su fracasado contrato del Metrobús.
Asimismo, la firma extranjera decidió activar la previsión del Tratado Bilateral de Inversiones entre Paraguay y Portugal, que prescribe “que deben iniciarse negociaciones directas antes de que el caso sea estudiado por un tribunal (de arbitraje) como el Ciadi, si no se logra un acuerdo”.
Expertos consultados por este diario alegaron que Mota le ganó la ofensiva al Estado paraguayo al tomar la iniciativa y entablar las acciones de arbitrajes, que eventualmente pueden condenar al Estado.
El abogado Theodore Stimson, especialista en derecho administrativo, resaltó a Última Hora que dichas demandas no corresponden, ya que Mota Engil debía entablar la demanda ante el Centro de Arbitraje y Mediación Paraguay (CAMP), con sede en Asunción, lo cual fue pautado en el contrato.