En este sentido, el ministro de Obras, Rodolfo Segovia, anunció que los trabajos iniciarán este mes, comenzando por las rutas nacionales, y que eliminarán las lomadas de forma paulatina. Añadió que existen normas y manuales de carreteras que indican que solo en zonas urbanas muy pobladas, “así como hospitales, instituciones educativas y otras donde se percibe mayor flujo de personas, se pueden instalar este tipo de reductores de velocidad”.
Por su parte, el fiscal general Emiliano Rolón indicó que el acuerdo plantea una solución de garantía constitucional, reivindicando la figura del tránsito libre, obedeciendo a los estándares internacionales para la fluidez del tránsito en las rutas. “Celebro que hoy se haya concretado, el señor ministro se mostró muy abierto desde el comienzo”, subrayó el fiscal general.
El acuerdo surge luego de que el fiscal general remitiera una nota al ministro Segovia, donde le requería la presentación del instrumento normativo por el cual la institución a su cargo autoriza o impone la instalación de obstáculos al tránsito “como las lomadas”. El Ministerio Público advirtió incluso que de corroborarse lomadas irregulares constituiría el tipo penal previsto en el Artículo 216 del Código Penal de “intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre”, en el rango de obstáculo al mismo, Inciso 1 numeral 3 de la citada normativa.