Estamos en la mira. Si no fuera por la pandemia del coronavirus, el Paraguay ya hubiera conocido su destino ante el riguroso examen al que viene siendo sometido por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), en su pobre desempeño dentro del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, en el marco de un proceso que inició en el año 2019. Si no fuera por los efectos del Covid-19, a esta altura ya sabríamos si nuestro país se salva raspando de las sanciones internacionales, o si vuelve a ingresar en la lista gris de naciones cuestionadas, como ya ha sucedido en años anteriores.
La visita del grupo regional del Gafilat, que debe definir la suerte del país, se ha postergado varias veces por la pandemia. En principio, la presencia de los expertos está prevista para finales de agosto e inicios de setiembre de este año, pero puede llegar a posponerse, ante la persistencia de la emergencia sanitaria. Sería como el acusado de un crimen que ve con alivio cómo se extiende el inicio de su juicio, en donde se lo puede condenar y enviar a prisión, pero a la vez siente que se prolonga la agonía.
El Paraguay ha hecho avances en términos de aprobar nuevos paquetes de leyes antilavado, cumpliendo las indicaciones internacionales, pero esos avances no aterrizan en resultados concretos en la lucha diaria contra el crimen organizado y sus tentáculos en las esferas de poder y en el mundo de la política y la economía. Poderosas organizaciones delictivas siguen manejando extensas regiones e importantes instituciones del país, con redes de corrupción que actúan con total impunidad, con el beneplácito de altas autoridades, incluyendo a los tres poderes del Estado.
La reciente visita de la viceministra de Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, si bien tuvo un elemento motivador, al anunciar la donación de un millón de dosis de vacunas contra el Covid, también implicó un fuerte llamado de atención, tanto para el Gobierno de Mario Abdo Benítez como para los miembros del Poder Judicial y el Poder Legislativo, exigiendo mayor cooperación en las acciones contra el narcotráfico, el lavado de dinero y la vigencia del crimen organizado.

Que una alta autoridad del nuevo Gobierno norteamericano haya elegido al Paraguay como el único primer país en ser visitado en todo el Sur del continente, además de consistir en un privilegio, encierra un importante mensaje.
El propio canciller nacional, Euclides Acevedo, consideró que la visita representó “una luz amarilla” de advertencia, especialmente sobre la inacción de la Fiscalía ante estos temas. “Me llamó la atención porque, generalmente, cuando se habla del Poder Judicial, se señala a los juzgados, pero ella (Victoria Nuland) en toda su intervención hizo alusión directa a la gestión del Ministerio Público. Léase: si no hay una investigación seria, como expresión de política criminal del Estado, no vamos a poder combatir contra el crimen organizado y es una preocupación que compartimos todos”, dijo Acevedo.
Nuestro país sigue en la mira del Gafilat y de otros organismos internacionales, con escasas chances de pasar el examen, a menos que se demuestren resultados más concretos que permitan superar la gran corrupción e impunidad que desde hace décadas corroen a la sociedad.