Con este propósito, el alto funcionario resaltó que la compañía recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con sede en Washington, Estados Unidos, y además solicitó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que se lleve a cabo otro arbitraje en Chile, con las normas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), cuya oficina central se encuentra en París, Francia.
“Ya fuimos notificados de dos demandas arbitrales, no solo de una, sino de dos demandas arbitrales. A nosotros primero nos habían solicitado USD 11 millones, luego USD 18 millones y ahora la demanda es por USD 25 millones. Consideramos que subir así los montos, sin justificación alguna, no es justo para el Estado paraguayo. Por eso, vamos a oponernos tenazmente a estos pedidos y a estos reclamos”, expresó.
Coscia enfatizó que ambos procesos se iniciaron el mes pasado y que recién están en etapa de inicio, aún sin un tribunal constituido, ni tampoco una jurisdicción definida.
El procurador afirmó asimismo que ya se comunicó al Estado paraguayo sobre el inicio de dos acciones ante instancias internacionales. “Quiero aclarar esto porque iniciaron dos acciones, una acción ante un Tribunal Arbitral Ad Hoc, y otra acción ante el Ciadi, que es arbitraje de inversión. A mi criterio, acá no hay ninguna inversión, pero eso vamos a discutirlo después. Estuve leyendo la demanda, y el monto es una desnaturalización del contrato, ese monto de USD 25 millones no existe”.
RECURREN A TRATADO PARA PRESIONAR. Por otro lado, el procurador informó que luego de la notificación de la terminación de su contrato, la empresa portuguesa decidió activar la previsión del Tratado Bilateral de Inversiones entre Paraguay y Portugal, que prescribe “que deben iniciarse negociaciones directas antes de que el caso sea estudiado por un tribunal (de arbitraje) como el Ciadi, si no se logra un acuerdo”.
En este sentido, dijo que Paraguay ya fue notificado de la activación de la cláusula, lo cual le estaría obligando al Estado a seguir negociando con la empresa. Sobre el punto insistió: “El monto que nos reclaman es la friolera de USD 25 millones más intereses”.
Mota ni respondió intimación. Coscia confirmó ayer, ya en horas de la noche, que Mota Engil seguía sin responder a la nota en la que el MOPC le intimó al pago de G. 40.390 millones, correspondientes a los montos comprometidos por la constructora en razón del incumplimiento del contrato.
Por este motivo, en la fecha, el MOPC recurriría a la garantía de Royal Seguros para recuperar el monto en cuestión (ver página 11). “El contrato ya se encuentra jurídicamente terminado. Solo se está procediendo a la ejecución de las garantías y a la gestión de las controversias en trámite”, resaltó.
Por último, Sergio Coscia advirtió que se está analizando la posibilidad de demandar a la empresa contratista por incumplimiento de contrato y también por los daños ocasionados.
“Recuerden que no sería solamente por el incumplimiento de contrato, sino sería por los daños a los frentistas y al propio Estado paraguayo. Todas las empresas y locales que tuvieron que cerrar, el caso Metrobús es un caso realmente traumático para la sociedad paraguaya”, enfatizó el procurador.
Continuó: “Yo siempre digo que como sociedad tenemos que trabajar juntos en defender al Estado paraguayo de este tipo de atropellos”.
