En el comunicado que publicó ayer la empresa portuguesa Mota Engil, cuestionada contratista del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para concretar las obras del Metrobús, la multinacional dejó en claro que estaría preparando un complejo escenario jurídico para demandar al Estado paraguayo.
Versiones apuntan a que reclamaría a las arcas del país unos 100 millones de dólares, por supuestos perjuicios que fueron generados a la compañía durante las construcciones. La empresa se respalda en que los administradores anteriores del plan incumplieron con las cláusulas del contrato, principalmente en cuanto a la liberación de la franja de dominio.
Mota alega que desde el día 26 de agosto de 2016, es una obligación del contratante (MOPC) permitirle el acceso al 100% de los tramos 2 y 3 (desde el Mercado 4 hasta el Campus de la UNA), para que, de acuerdo con su presupuesto y precio licitados, pueda cumplir con los rendimientos, plazos y costos considerando esa misma disponibilidad.
La empresa resalta la cláusula 2.1 del contrato, donde se establece que “el contratante (MOPC) concederá al contratista (Mota-Engil) el derecho de acceso y posesión de todas las partes del lugar de las obras, durante el plazo señalados en los datos del contrato”.
El mismo punto del contrato, resaltado por la firma extranjera, agrega que “tiene el derecho a una prórroga del plazo por cualquier demora de esa índole, si se ha retrasado o se retrasara la terminación de las obras, en virtud de la subcláusula 8.4 (prórroga del plazo de terminación), y el pago de dicho costo más utilidades, monto que se incluirá en el precio del contrato”.
La contratista ya intentó obtener más dinero invocando la mencionada cláusula, según manifestaron las autoridades del MOPC. De acuerdo con las afirmaciones, lo que buscó la contratista para seguir “negociando” la continuidad de las obras, fue ampliar nuevamente unos USD 20 millones más el monto del contrato, por los supuestos perjuicios que enfrentó por el atraso de la liberación de la franja. Lo cual no se justificó, por lo que la administración actual se negó, señalaron fuentes del MOPC.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el titular del MOPC, Arnoldo Wiens, deben profundizar a fondo las causas del fracaso del plan Metrobús, un proyecto que pudo cambiar la calidad de vida de la ciudadanía, a pesar de los cuestionamientos. Se debe identificar a los responsables de las negligencias, que hoy exponen al Estado a una millonaria demanda.
Asimismo, las autoridades también deben defender las estipulaciones del contrato que pudieron ser quebrantados por Mota Engil, como por ejemplo, la cláusula 8.7, que establece: “Si el contratista no cumple con lo dispuesto en la subcláusula 8.2 (plazo de terminación) el contratista deberá indemnizar al contratante por dicho incumplimiento”.
Este incumplimiento es de público conocimiento, pues Mota Engil incluso retrasó la culminación de los tramos que no tenían problemas de liberación de franja, concretamente en la zona de la UNA.
