La Policía no tardó 24 horas para detenerla, luego de que la misma confirmara públicamente que seis agentes de Investigación de Homicidios de Ciudad del Este la detuvieron siete horas en su base para exigirle una coima de USD 100 mil, que luego se redujo a USD 10 mil. Dicho monto no se pudo pagar porque el banco español bloqueó la transferencia electrónica, por tratarse de una cuenta dudosa el destinatario del dinero.
Lo llamativo de este confuso caso es la decisión tomada por la institución de la Policía Nacional, que dispuso que el Departamento de Homicidios de Ciudad del Este pasa a cargo del Departamento de Investigaciones, cuyo actual jefe, el comisario Hugo Grance, era el entonces jefe de Homicidios cuando, el pasado 3 de noviembre, se habría registrado la extorsión por parte de sus subalternos a la compatriota española.
En su denuncia, Santacruz señala que los policías y su abogado, Abdo Escobar, esposo de una asistente fiscal, le dijeron que el jefe (Grance) autorizó la coima para no entregarla a la Justicia española. Hasta la fecha, el Ministerio Público no incluyó al comisario en la investigación; es más, el mismo jefe policial participó de la detención de la denunciante.
DETENCIÓN. El comisario César Silguero informó ayer que sus pares de España vieron las publicaciones con relación a la denuncia realizada por Santacruz contra policías y se percataron de que ella estaba en Paraguay, por lo que alzaron el pedido de captura a nivel internacional, por la deuda pendiente con la Justicia española.
Silguero sostuvo que la condena a 7 años de prisión por trata de personas con fines de explotación sexual y delitos relativos a la prostitución se había dictado en octubre pasado. El jefe policial no pudo explicar cómo los agentes policiales, actualmente en prisión por la extorsión, tenían la información de que Santacruz Brítez tenía la orden de captura en España. Al ser consultado, derivó el tema al campo del Ministerio Público, durante una rueda de prensa.
Tras su detención, la mujer será puesta a disposición del Juzgado Penal de Garantías para el juicio de extradición. La afectada había señalado que tenía una causa abierta en España, pero que no había ninguna orden de captura en su contra.
PRISIÓN Y ARRESTO. El fiscal Alberto Torres, quien investiga la denuncia de Santacruz, pidió prisión para los agentes policiales involucrados en el hecho, por privación ilegítima de libertad y extorsión.
Con relación a la oficial primero Karina Beatriz Caballero Giménez, quien tiene un hijo lactante, pidió el arresto domiciliario, mientras que solicitó prisión preventiva contra el oficial ayudante Diego Ayala, los suboficiales mayor Ever Aquino y Rafael Silvero, el suboficial inspector Hugo Báez y el suboficial segundo Alfredo Báez.
INDAGATORIA. Por otro lado, señaló que citó para una declaración indagatoria al abogado Abdo Escobar, quien era defensor de Santacruz Brítez, pero asintió con el pedido de coima de los policías, actuando más como negociador que como defensor, atendiendo a lo manifestado por la ahora detenida. El fiscal dijo que es para determinar su participación o no en el hecho investigado.