Petrona Lugo de Amarilla, oriunda de J. Augusto Saldívar, Departamento Central, tenía que ser intervenida quirúrgicamente de piedra en la vesícula.
Acudió el 26 de diciembre del año pasado al Sanatorio Sosa, en la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, en donde le cobraron G. 4.200.000; sin embargo, no pudo ser intervenida debido a una infección.
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Doña Petrona comentó en una entrevista con un medio local que quería operarse y que le dijeron que debía comer poco para prepararse para la cirugía y fue así que bajó bastante de peso.
“De repente abrieron y se encontraron un bulto, dijeron que es una infección y que era peligroso tocar eso, por eso cerraron nomás otra vez la herida. Después colapsé, en un momento ya sentí que me iba, escuché la voz de mi hija, no podía abrir mi ojo, no podía hablar, el dolor era intenso, insoportable y hasta ahí me recuerdo”, expresó.
La mujer permaneció internada durante dos días y dos noches y tuvo que abonar G. 4.200.000. Aparte pagó por medicamentos la suma aproximada de G. 600.000.
“Mi madre casi muere”, relata su hija
Shirley Amarilla, hija de la mujer, aclaró que realizaron todos los estudios correspondientes en otros centros asistenciales y aclaró que el tratamiento no siguieron en la clínica y que solo fueron allí porque “le iban a hacer precio”.
“Jamás pensamos que esa clínica no estaba habilitada para esa operación tan delicada; cuando mi mamá salió de la operación casi se nos muere, ella salió con signos vitales muy bajos por una sobredosis de anestesia”, relató.
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Dijo que su madre salió muy grave y que, inclusive, ya ni respiraba, por lo que se asustaron y comenzaron a pedir explicaciones que nunca recibieron.
“Ellos solo querían facturar, hicieron un corte, hicieron figurar como que hicieron una cirugía, pero no extrajeron absolutamente nada de piedra en la vesícula, facturaron, cobraron, se fueron, no nos dieron ningún recibo”, lamentó.
Nunca vieron a médicos, asegura
La mujer aseguró que nunca vio la cara a los responsables de la operación y que no recibieron ninguna explicación de los procedimientos quirúrgicos.
Mencionó que no tenían ningún profesional cerca, como médicos y cirujanos, que le expliquen el motivo por el cual su madre empezó a colapsar.
Aseguró que solo había enfermeras que no estaban autorizadas para darles informaciones del procedimiento quirúrgico al que fue sometida.
Refirió que la dueña de la clínica, identificada como Sofía Eliodora Sosa, licenciada en Obstetricia y gerente administrativo, era la encargada de cobrar y de mandar a enfermeras.
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Shirley además contó que Sosa casi no estaba presente en la clínica y que las enfermeras alegaban que no podían darles recibo.
“Nos sentimos estafadas por una operación que no fue hecha, le realizaron un simple corte, nos cobraron, no nos dieron ningún recibo, nos sentimos estafadas por estas personas, queremos que esa clínica sea clausurada”, expresó.
“La persona que solamente dio la cara fue Sofía Sosa en el momento de cobrar, después ya nadie apareció, no recibimos ninguna explicación de nadie, solamente con enfermeras tratábamos de día y de noche”, expresó.
El sanatorio emitió una constancia en la cual refiere que Petrona Lugo de Amarilla fue intervenida quirúrgicamente por litiasis vesicular el 26 de diciembre de 2019 por el doctor Emilio González, con registro profesional 3188 y que debía guardar reposo por 30 días.
La mujer comentó que no tenían un clínico que atendiera a su madre, porque consultaba en varios hospitales en busca de un lugar accesible.
La familia desea que se le realice urgente una ecografía a la mujer para saber su diagnóstico certero.
El caso
Según la denuncia que dio origen a la investigación, una menor de 17 años dio a luz en el Sanatorio Sosa y la obstetra habría elaborado un certificado de nacimiento a nombre de otra mujer para proceder a una adopción irregular.
En esta causa están imputadas dos personas y el recién nacido fue recuperado el 31 de diciembre del año pasado, siete horas después de haberse realizado la denuncia en la Fiscalía.
El local no está habilitado por el Ministerio de Salud y los responsables podrían ser imputados por la supuesta comisión de tráfico de menores, violación a la Ley de Adopciones, violación a la patria potestad, entre otros.
En el sitio se hallaron diferentes tipos de medicamentos, insumos y jeringas de uso exclusivo del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Ministerio de Salud Pública.
En horas de la noche de este viernes, el Ministerio de Salud dispuso la clausura del sanatorio.
La Fiscalía presume que en el local se realizaban presunto tráfico de niños y abortos clandestinos.
