El 8M este año reivindicó nuevamente la lucha colectiva por los derechos, pero sobre todo denunció la captura del crimen organizado al Estado. “Trabajadoras juntas y organizadas ña defende ñande derecho”, fue el lema de la articulación feminista, que en esta ocasión decidió visibilizar con más fuerza a la mujeres periodistas debido a los ataques y agresiones que reciben por su trabajo por parte de actores del mismo Gobierno.
Se destacó además la lucha de las aspirantes a policías y sanidad militar que fueron discriminadas por ser mujeres, ya que miles que obtuvieron mejores puntajes que los varones quedaron fuera. Los postulantes masculinos lograron 4.139 lugares, mientras que las femeninas, solo 841, pese a tener resultados muy superiores.
Marcharon también organizaciones campesinas e indígenas, mujeres con discapacidad, trabajadoras sexuales, bañadenses, universitarias, sociedad civil, mujeres trans, sindicatos, ollas populares y partidos políticos.
El movimiento social feminista se encargó de denunciar los atropellos autoritarios del Gobierno colorado, cuya gestión se vincula estrechamente con la mafia, como se reveló recientemente por actores de justicia, lo que debilita aún más al Estado.
Además, las políticas laborales solo mantienen números de alta precariedad y benefician los intereses empresariales. La economista Ana Rojas Viñales expuso que las mujeres perciben 76,4% del ingreso medio de los varones, lo que significa G. 800.000 menos.
Otra de las denuncias expuestas en la marcha fue la amenaza del cartismo de eliminar el Ministerio de la Mujer y derogar la Ley 5777 “De protección integral a las mujeres”. También se anuncia la eliminación del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
Contradictoriamente, el oficialismo, como denunciaron, sigue cometiendo nepotismo y beneficiando en las licitaciones a un sector reducido ligado al poder político y económico aumenta sus riquezas, ante una población cada vez más empobrecida.
