La Contraloría General de la República (CGR) identificó un inusual crecimiento patrimonial de unos G. 11.000 millones del ex presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) Andrés Manuel Gubetich Mojoli. El informe fue remitido a la Fiscalía para la prosecución de la investigación mediante nota del 29 de diciembre de 2022.
Según el documento de la CGR que analiza tres declaraciones juradas presentadas por Gubetich Mojoli en 2014, 2018 y 2019, así como los informes recepcionados de parte de instituciones públicas y privadas, y el descargo presentado por el funcionario, se encuentra entre la declaración de mayo de 2014 y la de setiembre de 2018 un aumento de G. 19.000 millones en el patrimonio del entonces presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), comisionado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
La suma del multimillonario incremento se reduce tras la presentación de documentación respaldatoria adjuntada en el descargo de Gubetich Mojoli. En tanto, según remarca la Contraloría, igualmente los bienes adjuntados resultan insuficientes para justificar el crecimiento de unos G. 11.000 millones.
ANÁLISIS. En la investigación, la Contraloría usó como base las declaraciones juradas que contrastó con datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos, Incoop, Corte Suprema de Justicia, Seprelad, entre otras entidades públicas y privadas, con lo que identificó movimientos no declarados. Considerando, además, el descargo presentado por el mismo funcionario donde especificaron propiedades y activos que habría, según el documento, “omitido involuntariamente” en todos los casos. Estos datos se incluyeron en el análisis del patrimonio, que sigue arrojando inconsistencias.
En la conclusión del máximo ente de control, se lee que en 2014 Gubetich asignó como patrimonio unos G. 4.216.676.256, de los que se restaron G. 1.300.000.000 por un inmueble declarado que resultó no ser propiedad de Gubetich, tras la verificación de la CGR. Para dar un neto final de G. 2.916.676.256.
En tanto, en 2018 se registraron G. 30.710.691.471 como patrimonio neto, del que se restan activos no declarados por G. 693.027.500, diferencia de aumento de plusvalía de inmuebles por G. 1.240.937.603, pasivos no incluidos por G. 9.987.915.362, que dejan un patrimonio final de G. 22.873.546.006. Con lo que se registra una diferencia entre 2014 y 2018 de G. 19.956.869.750, hasta ese punto.
Para la operación se incluyen cálculos de ingresos del cónyuge, los del ejercicio de su profesión y los inherentes a la función pública, además de un estimado máximo de ganancias de 35% sobre los ingresos. Con todas estas consideraciones de movimientos de capitales, dan una inconsistencia de G. 11.234.686.060
DE DÓNDE SALIÓ. Tras el detalle del documento de una extensión de 85 páginas, la Contraloría remarca: “Señalamos que, habiendo realizado los ajustes correspondientes a activos no declarados, pasivos no declarados, e ingresos percibidos por capitales invertidos por el funcionario, persiste una no sustentabilidad en la variación patrimonial entre la primera y segunda declaración jurada de bienes”.
La Contraloría, en su relato, incluye unas cuentas no declaradas tanto a nombre de Andrés Gubetich Mojoli como de su esposa María Rosa Araújo de Gubetich en bancos y cooperativas, así como también rodados e inmuebles obtenidos gracias al relato de Gubetich, quien argumentó omisiones involuntarias en la consignación de activos y pasivos.
VICEPRESIDENCIA NO CONTESTÓ. Tras el rastro de los ingresos que justifiquen el flujo de activos, Contraloría solicitó informes a Hacienda, Yacyretá y Conatel que están comprendidos en el periodo donde se registra la millonaria inconsistencia.
En el dossier del órgano rector, se señala que Gubetich como funcionario de la EBY fue comisionado a la Vicepresidencia de la República desde el 1 de enero de 2014 a agosto de 2018 durante el ejercicio de Juan Afara.
La institución, según resalta Contraloría, fue la única que no remitió ningún tipo de informe sobre los pagos percibidos por el funcionario en ese tiempo.
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA. El abogado Andrés Manuel Gubetich Mojoli es funcionario nombrado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) como asesor jurídico. En carácter de comisionado, de 2014 hasta agosto del 2018 cumplió funciones en la Vicepresidencia de la República bajo el mando de Juan Afara en la presidencia de Horacio Cartes.
En setiembre del 2018 asumió como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Y en agosto del 2019 asumió como presidente del consejo de administración del Instituto de Previsión Social hasta el 2021, durante la presidencia de Mario Abdo Benítez.
Gubetich Mojoli renunció del IPS en marzo del 2021, en medio de la polémica de los medicamentos para el Covid-19 comercializados fuera de la institución.
11.234 millones de guaraníes de crecimiento patrimonial sin justificar encontró la Contraloría en finanzas de Gubetich.
30.710 millones de guaraníes declaró Gubetich como patrimonio en el 2018. En el 2014 había declarado G 4.000 millones.
Origen de aumento es desconocido
El director general de Control de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría General de la República, Abg. Armindo Torres, refirió en comunicación con ÚH que tras exhaustivo análisis del aumento patrimonial de Andrés Manuel Gubetich Mojoli, el ente califica su fortuna de “origen desconocido” y que no se corresponde con lo tributado por el funcionario ante el Estado.
Armindo Torres explicó la metodología con la que se desarrolló el análisis que resultó en la inconsistencia de unos G. 11.000 millones, que hasta la fecha no pudieron ser justificados por el ex presidente del IPS. Para obtener la trazabilidad de la multimillonaria cifra, la Contraloría remitió observaciones a Gubetich Mojoli, quien tuvo la oportunidad de presentar un descargo.
“Inicialmente encontramos G. 29.000 millones de aumento sin justificar, el monto disminuyó una vez que se le corrió traslado a él (Gubetich Mojoli) y pudo levantar algunas operaciones y quedó aproximadamente en G.11.000 millones, con la suma de inmuebles, vehículos, cuentas bancarias que no fueron declaradas”, explica el Abg. Armindo Torres.
NO FUE TRIBUTADO. Según informes de la Secretaría de Estado de Tributación (SET) obtenidos en la investigación de la Contraloría, los G. 11.000 millones no fueron declarados como ingresos o activos.
“En la SET no se había tributado ese monto, es muy bajo el pago de tributos que encontramos y no se verifica un ingreso por el que se haya tributado”, compartió Torres y añadió: “Para nosotros el origen de ese dinero incrementado es desconocido”, subrayó el director de Contraloría.
El director de Contraloría además señaló que en el proceso se recurrió a varias entidades y principalmente a la versión del investigado, pero ninguna ayudó a salvar la diferencia de los G. 11.000 millones.
“Para nosotros es un incremento patrimonial no sustentado, que nosotros habíamos pedido todas las documentaciones, y él no pudo sostener su crecimiento, no sabríamos si él tiene otras documentaciones, pero por lo menos nosotros no tenemos a la vista“, sentenció el abogado.
IMPLICANCIAS. En su descargo, Gubetich Mojoli sustancia que ingresos e incluso deudas fueron omitidos de forma involuntaria. Al respecto, en la naturaleza de la declaración bajo juramento, la omisión tendría implicancias. “Todas las omisiones remitimos al Ministerio Público y hasta hoy como criterio de la Contraloría la omisión dentro de las declaraciones juradas, podría considerarse como declaración falsa”, puntualizó Armindo Torres.
Gubetich Mojoli, según señaló Torres, no presentó rectificaciones de las declaraciones juradas en tanto sí respondió a las consideraciones trasladadas por la Contraloría como parte de la investigación de sus declaraciones del 2014, 2018 y 2019.
El informe que incluye un minucioso detalle de todas las operaciones financieras de Andrés Gubetich Mojoli fue remitido ante la Fiscalía General de la República.
Nosotros habíamos pedido todas las documentaciones y él no pudo sostener su crecimiento. Abg. Armindo Torres, director de Declaración Jurada de Bienes y Rentas.
