Los ediles sostienen que esta nueva normativa avasalla la autonomía municipal y que muchos de los costos son muy elevados para los contribuyentes. En tanto, la Asociación de Municipalidades de Alto Paraná analiza un consenso entre los jefes comunales.
El concejal Walter Espínola, de Minga Porã, solicitará en la primera sesión ante el pleno un proyecto de inconstitucionalidad de la Ley N° 7447. Requerirá presentarlo a la Corte Suprema de Justicia, refiriendo que dicha ley es “de despojo a la ciudadanía por los altos costos”, remarcando que no todos los ciudadanos cuentan con salarios elevados para abonar dichos montos.
“En la primera sesión ordinaria de la Junta Municipal en este periodo 2025 voy a presentar el proyecto y solicitar al intendente municipal Clementino Portillo Ortiz un pedido de inconstitucionalidad de esta nueva ley a la Corte Suprema de Justicia. No se puede exigir el pago único de altos costos que afecten a los contribuyentes de Minga Porã”, expresó.
En otro punto, el edil sostuvo que tampoco cree que otras municipalidades estén de acuerdo con la normativa.
“Otra cosa que tampoco creo es que otras municipalidades van a cumplir y además que así nuestros contribuyentes vayan a otros lados a pagar por ser más baratos. Una Municipalidad vive de los impuestos”, señaló.
El edil remarcó que han aprobado la ordenanza tributaria para el 2025 y que lo han socializado porque esta situación afecta en forma directa por los altos costos para el pago de habilitación de automóviles y otros.
Espínola compartió un ejemplo de los costos que tendrían que abonar los contribuyentes con la ley vial.
“Un ejemplo, un auto Toyota Premio 2009 paga G. 160.000 y con esta nueva ley va pagar G. 340.000 más gastos administrativos. No estoy de acuerdo con esta nueva ley de Santi Peña, a pesar de que va favorecer en los ingresos a la Municipalidad de Minga Porã”, manifestó.
Ñemby. Otro municipio que está en desacuerdo con la normativa es Ñemby. Los concejales de dicha Comuna durante una sesión extraordinaria instaron al intendente Tomás Olmedo a promover una acción de inconstitucionalidad contra la ley.
La resolución fue presentada por el presidente de la Junta Municipal, Óscar Vallinotti.
En la resolución presentada se remarca que dicha normativa es inconstitucional por transgredir varios principios constitucionales y que el método de cálculo tiene una desigualdad tributaria.
“Primero que se visualiza, según parecer de esta asesoría, es que la ley mencionada es inconstitucional por transgredir varios principios constitucionales, pero especialmente el principio de igualdad tributaria, la discriminación, entre otros”, detalla el documento.
Asimismo, la resolución agrega que el método de cálculo utilizado es erróneo.
“Se evidencia, en primer lugar, que el método de cálculo establecido en la ley contiene una notable desigualdad tributaria. Un ejemplo, en cuanto a motocicletas nuevas que sería 0 km, paga sin discriminación alguna, 0,8 del jornal diario. Una moto nueva de fabricación nacional tiene un costo promedio de G. 8.700.000, una moto cargo G. 16.000.000 y Yamaha G. 60.000.000, es decir, cuesta casi diez veces más”, indican.
En otro punto de la resolución refiere: “Esta Junta ha procedido al análisis de la aplicación de la ley de referencia, constatando que, a criterio de los concejales, la misma se contrapone a normas jurídicas”, enfatiza.
Por su parte, la Comuna de Lambaré aún continúa debatiendo si actualizarán o no los cotos de las tarifas.
El intendente Guido González sostuvo que no le parece justo que vehículos lujosos abonen el mismo importe que los vehículos menos modernos.
Finalizó que en la próxima semana analizarán con su equipo técnico los detalles de la nueva normativa.
La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) emitió un comunicado dirigiéndose a todas las municipalidades de todo el territorio nacional, por el cual se ordena el cumplimiento de la Ley 7447/2025, que modifica el artículo 22 de la Ley 620/1976 que establece el régimen tributario para los municipios. Asimismo, desde la institución de tránsito recordaron que son la autoridad de control y dentro del ámbito de sus competencias velarán por el estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la citada norma.
