Juan Ignacio Masulli Barcarolo, más conocido como Nacho Masulli, el joven solidario que entregó más de 300 mil platos de comida en hospitales durante la pandemia, a través de su cuenta de Twitter dio a conocer a los responsables del absurdo proceso judicial que tuvo que enfrentar, tanto él como su familia.
El joven, que recibió la medalla Domingo Martínez de Irala de la Junta Municipal de Asunción en reconocimiento por la actividad solidaria durante la pandemia, también dio a conocer el acta labrada en aquel junio de 2020.
Masulli –quien ya fue sobreseído definitivamente, recientemente– fue procesado en el 2020 por haber paseado a sus perritas en una plaza a dos cuadras de su vivienda 10 minutos después de la hora establecida en el decreto de la cuarentena sanitaria obligatoria por el Covid-19. Su causa fue caratulada como “J.I.M. s/ ley 716, Delitos contra el medioambiente”.
“Quiero dejar por escrito los nombres de las principales personas involucradas en todo este asunto”, señala Nacho, dando a conocer los nombres de los agentes policiales intervinientes: Roberto Estigarribia y Nelson Rolón, además del fiscal Óscar Delfino y la sicóloga Yvonne Almada, estos últimos en el proceso que tuvo que enfrentar.
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“Ellos son los policías que me subieron a una patrullera siendo menor de edad, sin consentimiento de mis padres. Los que trataron de hacer creer a mi mamá que debía acompañarlos a la Fiscalía y que negaron tal hecho cuando hubo una abogada presente. Los prepotentes que estuvieron dos horas frente a casa discutiendo, en vez de labrar el acta e irse”, añade Masulli en su cuenta personal, explicando las irregularidades registradas en aquella oportunidad.
Cuestiona accionar policial
Masulli cuestionó el accionar desproporcionado de los agentes policiales, quienes, según los datos que recabó, debían realizar otro procedimiento, considerando el hecho particular y el contexto, antes que impulsar un engorroso proceso judicial como lo hicieron.
“Según me informé, la tarea de la Policía en este tipo de situaciones es advertir al ciudadano. En mi caso particular, (debía) haberme avisado que ya pasaron 10 minutos de la hora que permitía la circulación según el decreto y pedirme que regrese a mi casa, y no hacernos pasar (todo esto) a mí y a mi familia”, escribió Nacho.
“Hoy me siento mucho más indignado que en ese entonces, porque tengo un mejor conocimiento de cuáles son mis derechos y de la cantidad de reglas que se saltaron en todo el proceso. Lo más loco de todo es que se supone que son estas las personas que velan por nuestra seguridad. Sin embargo, son los primeros en dejar de lado la ley y manejar las situaciones a su antojo, según su conveniencia”, remarcó en las redes.
Contra los abusos de poder
En otro momento, el joven aclaró que realiza estas publicaciones en sus redes no para victimizarse –ya que fue sobreseído en forma definitiva el pasado 16 de febrero– ni para sobrepasar las leyes, sino para dejar como antecedente respecto a la necesidad de luchar contra la impunidad por casos de abuso de poder.
“Saco a la luz todo eso porque es una situación demasiado ‘normal’ en nuestro país y que está mal. No puede ser que personas en posición de poder sigan abusando del pueblo como si nada y que esto no tenga consecuencias y que siempre nos quedemos callados”, escribió.
“De corazón espero que todas las personas que hayan pasado por una situación similar se animen a denunciar y a hacer algo al respecto. No podemos seguir dejando que nos pasen por encima y somos los únicos que podemos hacer algo al respecto para ver un cambio”, concretó el joven en su cuenta personal.
Los hechos
Según los relatos que realizaron en las redes sociales, tanto el joven como su madre Mónica Masulli, el caso data de julio del 2020 cuando el joven, que en ese entonces era menor de edad, llevó a sus dos perritas a la plaza que está ubicada a una cuadra de su domicilio, pero fue detenido por agentes de la Policía Nacional porque había incumplido con el decreto, que establecía la circulación solo hasta las 22:00.
En este mes de febrero, a casi dos años después de lo ocurrido, recibieron una citación por la causa de su hijo. Desde allí pasaron desde una audiencia telemática hasta una evaluación sicológica como parte del proceso, donde la sicóloga ni siquiera “sabía el motivo de la causa”, según denuncian los afectados.
