Richard Sánchez relató que recibió una serie de amenazas y amedrentamientos por parte del director administrativo y financiero de la FADA, Luis David Giménez Prieto, para que desista de la denuncia sobre las contrataciones fantasmas que derivó en el allanamiento fiscal de la facultad.
Incluso, afirmó que Prieto fue hasta su casa para exigirle que firme unos documentos a fin de respaldar la contratación de su hermano en el rubro de albañil, según denunció.
“Cada vez que marco, él (por Prieto) me busca para llevarme a su oficina y amenazarme”, expresó.
Además, según explicó, Prieto le llegó a decir que es “cómplice” por llevar a su hermano para que haga un trabajo y que si el decano se entera, lo van echar “porque no es nadie en la facultad”.
Sánchez llevó a su hermano hasta la casa de estudios el año pasado para que realice una rejilla en la cancha de la institución, trabajo por el que cobró G. 1.000.000.
Para cobrar ese dinero, tuvo que presentar antecedente policial y una fotocopia de cédula. De acuerdo con Sánchez, esos documentos fueron utilizados para agregarle en la nómina de funcionarios en el rubro de albañil con un salario de G. 8.700.000.
Sánchez se dio cuenta de la irregularidad cuando revisó la planilla de funcionarios, porque en el salario que percibía cada mes faltaban unos G. 400.000, correspondientes a la bonificación familiar.
Se llevó una gran sorpresa al leer el nombre de su hermano y de otros muchachos con el mismo rubro y salario, pero que nunca se fueron a trabajar.
Su abogado, Eduardo Aguayo, explicó en un enlace con NPY que su cliente recibió las amenazas mucho antes de formular la denuncia ante el Ministerio Público para que “deje de contar” a sus compañeros lo que estaba pasando en la casa de estudios y luego “fue amedrentado para desistir de la denuncia realizada”.
“La amenaza consistía en decirle que desista de la denuncia o, en consecuencia, habría sanciones administrativas en contra del funcionario que conllevarían la desvinculación o el traslado”, contó el abogado.
En ese sentido, anunció que van a comunicar el hecho de coacción grave a la Fiscalía a fin de que Sánchez no reciba ningún tipo de represalia en su trabajo.
Modalidad de las contrataciones fantasmas
El fiscal Osmar Legal habló en comunicación con Monumental sobre el allanamiento y brindó algunos detalles de la investigación que inició el jueves pasado.
La denuncia que presentó un grupo de funcionarios gira entorno a ciertos contratos fantasmas, donde las autoridades habrían obtenido ciertos documentos para realizar las contrataciones de funcionarios que no estaban trabajando, algunos incluso ni sabían que figuraban en la planilla.
Legal explicó que la investigación tiene dos aristas: La primera tiene que ver con la irregularidad de los contratados y la segunda parte se refiere a los contratos directos que realizó la facultad para reparaciones varias con “montos bastante interesantes”.
La modalidad habría sido que las obras se realizaron con funcionarios permanentes que en la noche eran guardias de seguridad y que durante el día hacían los otros trabajos; mientras que el dinero que se desembolsaba iba a manos de las empresas proveedoras y algunas autoridades, según Legal.
Otra presunción de la Fiscalía es que esos mismos trabajadores eran utilizados para realizar obras “personales de algunos directivos y que no habían sido pagados”.
“Creemos que hay connivencia. Estamos trabajando para obtener los elementos objetivos de prueba. Esta semana tenemos que empezar a trabajar por lo incautado. Hay extracciones técnicas porque incautamos computadores y algunos celulares”.
La sospecha inicial del Ministerio Público es que son de 10 a 15 funcionarios fantasmas.
El fiscal Legal aseguró que en la investigación están inmersas todas las autoridades administrativas, desde el decano hasta el último administrativo de la facultad. El trabajo ahora es la construcción de los hechos históricos y a partir de ahí ver las responsabilidades penales.
Legal explicó que la modalidad para los pagos era a través de cheques que se colectivizaban y luego se desembolsaba por planillas.
Respecto al monto total que se habría pagado, Legal no pudo cuantificar, porque la investigación se encuentra en una etapa muy incipiente y que el periodo abarcado por la Fiscalía es desde setiembre del año pasado.
“Tenemos que hacer un cálculo cercano a los G. 25 millones por mes. Además, tenemos que tener en cuenta que tenemos el análisis de cinco contratos directos de montos de más o menos G. 150 millones de cada contrato. Estamos en una etapa muy incipiente como para una cuantificación, pero tenemos montos bastante importantes”, indicó.
Así mismo, Legal explicó que como se trata de funcionarios públicos hay que analizar sus perfiles financieros y empezar a ver qué propiedades tienen, o qué propiedades tienen y no están a sus nombres.
De acuerdo con el fiscal del caso, hay varios hechos punibles cometidos que deberán ser demostrados durante la investigación.
El pasado jueves una comitiva del Ministerio Público intervino en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción (FADA-UNA), ante la sospecha de un hecho punible de lesión de confianza, por el presunto contrato de funcionarios fantasmas.
