“Nosotros estamos nadando en dólares; el problema es: ¿Qué estamos haciendo con esos dólares?” Esta frase pronunciada por el ministro de Hacienda, Santiago Peña, y divulgada por el diario de la familia del presidente Horacio Cartes, generó no solo sorpresa, sino también la interrogante sobre el país en el que vive el responsable de diseñar la estructura económica estatal del país.
Mientras los medios de comunicación de otros países (pagados o no) señalan las ventajas competitivas de invertir en Paraguay, “el primo rico”, la realidad que golpea aún a miles de paraguayos está distante de ese mar de riqueza que describe Peña.
Uno de los principales culpables de esa mala distribución de la riqueza es el Estado.
Tanto a través de la falta de políticas públicas que mejoren la condición de vida de los habitantes de este país, como por la falta de controles hacia adentro del sector público, donde decenas de funcionarios ingresaron al servicio civil estatal solamente por padrinazgo y continúan allí sin que se elabore una ley que permita corregir esta distorsión.
De acuerdo con datos publicados por el Ministerio de Educación a octubre del año pasado, 971 escuelas estaban en condición de pobreza, con 76.127 estudiantes afectados. Decenas de familias del interior envían a sus hijos a la escuela solo por el complemento nutricional y el almuerzo escolar que reciben. Y también decenas de profesores de escuelas del interior se ven obligados a hacer colectas para que los fines de semana los niños puedan seguir alimentándose.
A estos datos se agregan los publicados por la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos el año pasado, donde se señalan que San Pedro es el departamento con más pobreza total, dado que casi uno de cada dos personas no alcanza a comprar una canasta básica de alimentos y servicios; y que en Caazapá, uno de cada tres no puede comprar una canasta de alimentos. Según el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (Ifpri), el 10,4% de la población se encuentra en estado de desnutrición en el país.
Tiene razón Peña, el problema no es de recursos, es de administración. De la mala administración estatal. De gobernantes de turno que se preocupan más por la reelección para mantener su poder que por el bienestar del pueblo.
De la falta de políticas públicas que ayuden a mejorar la condición de vida de todos los paraguayos, y no solo de aquellos que rodean al titular del Poder Ejecutivo ganando licitaciones o asegurando obras públicas a través del banco de la familia presidencial. De la miopía de dirigentes partidarios, que se preocupan más por hacer firmar planillas pro reelección que por exigir a sus correligionarios una mejor administración estatal.
De legisladores que no entienden su verdadera función de legislar adecuadamente. Del relajo de quienes administran la justicia, porque dejan libres a los criminales o dejan llaveados en los cajones de sus escritorios expedientes de vaciadores del Estado.
Deberíamos estar nadando todos los paraguayos en un mar de dólares, no solo algunos privilegiados que no pagan impuestos o los allegados al primer anillo del Poder Ejecutivo.
