Cuando saltó el caso de la víctima, se pudo conocer la situación de total vulnerabilidad en la que vive, en una casa muy precaria de madera, con una cama vieja y con muy pocos enseres. En imágenes de la televisión, se vio que cocina a leña y que el único electrodoméstico es una heladera.
Era mantenida por su hijo Marino, quien murió haciendo trabajos para la ANDE y por cuya muerte tenía que cobrar G. 400 millones por indemnización, suma de la cual apenas recibió G. 30 millones.
Ella no sabía que esa cantidad era apenas una parte ínfima de todo lo que le correspondía. No sabía leer ni escribir. No protestó. Se conformó. Casi por accidente se conoció su caso y de la otra familia, que es del compañero que falleció junto a su hijo.
Cuando la historia ya se tornó un escándalo, se descubrió que la gestora se compró un vehículo de alta gama el mismo día que se retiró el cheque de G. 400 millones a nombre de Juana Honorina, quien permanecía en la misma situación de extrema pobreza y a la que con G. 30 millones no le cambiaría la vida en nada.
Se apuntó como principal responsable a Anadelia Acosta Armoa, una funcionaria de la Cámara de Diputados, quien ya está sumariada e imputada, sin embargo, su paradero se desconoce hasta el momento. Pidió permiso por 30 días para ausentarse en el Congreso y no consiguió.
Se había dicho que estaba comisionada a la Municipalidad de Corrales RI 3, pero la Comuna se deslindó. Con ella habría otros tres involucrados: su abogado, su pareja y su papá.
¿Tendría protección política? ¿Y si no aparece más como Dalia López? Ojalá no quede impune. Aunque ya devolvió la plata, pero no en su totalidad.
El punto es que, sin compasión, la engañaron a doña Juana Honorina, quien ya enfrenta los achaques propios de la edad, que depende de un mango de escoba como bastón para caminar y que ya no cuenta con un ingreso fijo o mensual.
Si esto no se volvía mediático, probablemente, no le habrían devuelto la plata a la mujer mayor. Es que, ¿quién responde a los intereses del pobre en Paraguay? Las autoridades, no. La Justicia, no. Los políticos ignoran absolutamente la pobreza.
Como doña Juana Honorina, hay en el país entre 1.300.000 a 1.600.000 habitantes que poseen poco o ningún ingreso económico.
De acuerdo con los estudios al respecto, hoy en día uno es pobre teniendo aún un trabajo. La cuestión ahora pasa por la coyuntura. Si una persona de escasos recursos nació en un entorno que no cuenta con políticas sociales dirigidas a sus familias, es difícil que pueda progresar para tener mejor oportunidad laboral o mejor calidad de vida.
A esto me refería al principio, cuando decía que uno no elige ser pobre, cuando en el lugar donde nació no existen garantías para acceder a una educación, para acceder a una alimentación segura, para acceder al agua potable, para acceder a un techo, para acceder a una vida digna.
De a poco habría que derribar el mito de que la pobreza es un problema de actitud, la falta de responsabilidad, de fracaso personal por ser un haragán.
Doña Juana Honorina, desde luego, ya no está en edad de trabajar, pero tenía un hijo que sí estaba trabajando y, que de hecho, falleció durante su desempeño laboral.
Tras el fallecimiento de Marino, su única esperanza de sustento era la indemnización. Pero la embaucaron.
Si no era por la presión mediática, se habría quedado con tan poco. ¿Qué institución del Estado le habría garantizado en esas condiciones más ayuda para que siga subsistiendo?
