El distanciamiento físico es la oportunidad perfecta para que los saqueadores perpetren sus planes más oscuros, pero afortunadamente la tecnología facilita un acercamiento social, que por lo general igualmente termina en un encuentro presencial.
Es el caso de la caravana de ciudadanos que hace una semana recorrió el microcentro de Asunción como un mecanismo más seguro de manifestación contra las irregularidades en la ejecución de los recursos de la Ley de Emergencia. Sin embargo, el reclamo culminó frente al Panteón de los Héroes, donde la Justicia alegó que se violó la cuarentena.
La Fiscalía y el Poder Judicial no tardaron de reaccionar, dieron prioridad a este comportamiento entre los centenares de carpetas cajoneadas y procesaron a María Esther Roa, una de las líderes del grupo.
Es así que nuevamente se criminaliza la manifestación, un derecho universal que no puede ser socavado y menos en un contexto de pandemia. Para las autoridades no es suficiente que los ciudadanos movilizados usen tapabocas y alcohol en gel, pues claro, la intención es desmovilizar. En tanto que hasta el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, suele aparecer en actos públicos pegado a los miembros de su primer anillo, para que todos quepan en la fotografía propagandística.
Hoy nuevamente se convoca a una caravana bajo de la consigna de #CheKuerái y esta vez la ira es alimentada por la decisión del Congreso de despenalizar la provisión de datos falsos con las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios, incluyendo las altas autoridades.
El proyecto original apuntaba a una mayor transparencia con la publicación de estos documentos presentados a la Contraloría General de la República, pero ya es una costumbre de la Cámara de Diputados cercenar proyectos con buenas intenciones, como también ocurrió con la iniciativa de Paridad Democrática, que buscaba una mayor igualdad entre hombres y mujeres para acceder a cargos electivos.
Probablemente tenga el mismo desenlace: El veto presidencial por las indiscutibles incongruencias. Pero igualmente gana el oficialismo, pues destruyó el proyecto original para hacer públicas las declaraciones juradas y un nuevo planteamiento tardará en concretarse.
Mientras aún hay una división entre quienes rechazan cualquier tipo de movilización, un grupo de abogados explica que al no declararse un estado de excepción, no pueden estar prohibidas las manifestaciones presenciales, en tanto que hay sectores que por el momento prefieren los repudios virtuales, tanto por miedo al contagio del virus, como a los organismos de seguridad, que aprovechan esta situación para perseguir los impulsores.
Pioneros. Los primeros que se llenaron de coraje y reclamaron asistencia en plena crisis sanitaria fueron los pobladores de los bañados en marzo pasado. Las restricciones de circulación les impedían trabajar como gancheros o recolector de residuos reciclables. A cacerolazos explicaron que el contagio del Covid es una posibilidad, pero el hambre una realidad que ya les tocó la puerta.
Sobrevivieron gracias a ollas populares que se realizaron con apoyo de redes solidarias, pero que en el tiempo no fue sostenible. Fue así que nuevamente salieron a las calles esta semana advirtiendo con carteles que el hambre no está de cuarentena, por lo que piden kits de alimentos.
Es como dice el título de la recopilación de artículos de Tomás Palau “Es lógico que una sociedad agredida se defienda”, una frase que describe los motivos de reacción a la violencia estructural que sufre la población.
