El narcotráfico y el crimen organizado se asocian a sociedades con altos niveles de violencia. Esto genera una percepción de inestabilidad que disuade a los inversores extranjeros y nacionales, quienes buscan entornos seguros y predecibles para sus inversiones. Lo que es peor, la tolerancia e impunidad pueden dar señales positivas a la llegada de más actividades ilícitas, como el lavado de dinero proveniente de otras regiones del mundo.
La corrupción pública que hay alrededor de estos problemas es un obstáculo para el cumplimiento de contratos y la protección de los derechos de propiedad. Esto desalienta los negocios legales e inclusive genera fuga de capitales.
De la mano de la corrupción pública está el debilitamiento general del Estado de derecho, impidiendo que cada una de las instituciones públicas con competencia en el tema realice sus tareas como debe. Paraguay avanzó creando instituciones de prevención, control, persecución de delitos y penalización, pero ya es un hecho el incumplimiento de sus funciones, debido al tráfico de influencias e incluso la infiltración de criminales en el servicio civil.
La necesidad de desviar recursos de la inversión en infraestructura, salud o educación hacia la lucha contra el narcotráfico ya constituye un fracaso económico, porque para que las actividades lícitas puedan desarrollarse necesitan capital físico y humano, cuya formación es imposible cuando debe aumentar el esfuerzo fiscal en la policía o los militares.
El lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas distorsiona los mercados. Un ejemplo es el mercado inmobiliario, donde en muchos países de la región, incluyendo Paraguay, ya hay claras señales de que los costos de la tierra y la vivienda aumentan porque hay dinero sucio.
A nivel microeconómico, los efectos no son menores a los anteriores, además de sus consecuencias generales en las empresas. Hay sectores que están directamente afectados como el turismo. La inseguridad elimina cualquier posibilidad de expandir este sector, siendo Paraguay un país privilegiado para el turismo rural o vinculado a la naturaleza. Aunque un ejemplo más cercano sobre el efecto de la inseguridad ya es el centro de Asunción.
Los riesgos y la incertidumbre a los que están expuestas las empresas requieren mayores gastos en seguridad para proteger sus actividades y trabajadores, tienen mayores costos de transacción debido al cumplimiento de las obligaciones legales de prevención y control que finalmente no resultan exitosas.
En definitiva, la cuantificación de los daños es casi imposible debido a la multiplicidad de efectos explícitos e implícitos, ya que, por ejemplo, es muy difícil de calcular cuánto turismo se pierde y por esa vía cuántos empleos se dejaron de crear.
En el caso del gasto público es menos complejo porque los datos están en el sistema presupuestario, pero el problema es que, a pesar de que en el discurso oficial está permanentemente el objetivo de mejorar la calidad del gasto, no se realizan evaluaciones sobre la efectividad del gasto en seguridad. Al contrario, siguen aumentando los gastos en seguridad y en las instituciones judiciales, y a pesar de ello, se observa un empeoramiento de la situación. Urgen medidas sustanciales y estructurales para enfrentar el problema.
