Por un lado, el déficit financiero de la Caja Fiscal de funcionarios públicos es creciente. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas, en el 2023 esta entidad tuvo un déficit de USD 144 millones, un 0,33% del PIB. Este déficit fue cubierto con recursos tributarios, y según recientes proyecciones de especialistas del BID, si no se realizan reformas paramétricas en la Caja Fiscal, sus reservas se agotarán en el 2028 y el aporte del tesoro con recursos tributarios saltará al 1.0% del PIB a partir del año siguiente.
Otra contingencia importante es el déficit crónico del programa de salud del Instituto de Previsión Social (IPS). En un artículo anterior presenté un cálculo en base a datos del IPS que mostraba un déficit del programa de salud de USD 187 millones, 0,5% del PIB, en el año 2021. Según recientes declaraciones de representantes de gremios y del IPS, la deuda actual con proveedores está entre USD 400 y 600 millones. Esto indica que el déficit sigue creciendo, porque el IPS ya había tomado préstamos bancarios a fines del 2022 y anteriormente realizó un auto-préstamo del Fondo de Jubilaciones para pagar deudas con proveedores. El problema de fondo es que el aporte obrero-patronal al fondo de salud cubre apenas el 70% del costo de la cobertura médica que el IPS provee a sus asegurados. El impacto en el Tesoro se evidencia con el reclamo del IPS al Estado del aporte previsto en su carta orgánica. Sin embargo, esto no resolverá el problema estructural.
Otra demanda de recursos tributarios a corto plazo es para alcanzar y sostener la universalización del programa de almuerzo escolar llamado Hambre Cero recientemente lanzado por el Gobierno. Tiene un costo aproximado de USD 360 millones anuales, el 0,85% del PIB. El financiamiento proviene de los fondos que recibe el Tesoro por la cesión de la energía de Itaipú al Brasil. Pero estos fondos son decrecientes y de carácter transitorio, porque dependen de los excedentes de potencia que no utilizamos en Itaipú, que van disminuyendo rápidamente hasta terminar hacia el año 2033. Por lo tanto, para mantener el almuerzo escolar universal se tendrán que destinar recursos tributarios.
El requerimiento de recursos de estos programas representa más del 2% del PIB. Los relacionados al régimen previsional requieren reformas de fondo en sus parámetros de diseño, para recuperar la sostenibilidad financiera y así evitar que absorban recursos de impuestos generales. El tercero requerirá recursos tributarios una vez acabado el excedente de energía en Itaipú. Para solventarlo, y además proveer recursos adicionales para mejorar la educación, la salud, el transporte público, la seguridad ciudadana y aumentar la inversión en infraestructura, es fundamental avanzar en reformas que mejoren la calidad del gasto público. En este sentido, debemos avanzar en la aplicación estricta de la nueva ley de compras públicas ya promulgada y en la aprobación de una nueva ley de la función pública que castigue severamente el clientelismo, el nepotismo y la corrupción, males endémicos de nuestra sociedad, cuya eliminación nos permitirá la construcción de un Estado meritocrático y austero, recuperar la confianza en las políticas públicas e ir avanzando hacia estadios superiores de desarrollo y bienestar de nuestra gente.
