Peris sostiene que la precarización y la falta de inversión, no solo en salud pública sino en todas las áreas, no son situaciones nuevas, sino que se vienen arrastrando hace 30 años y que el Covid-19 hoy viene a desnudar.
“A pesar de la coyuntura, los corruptos no tienen conciencia social. Entonces esperan que ocurran estas cosas para hacer sus negociados”, apuntó. Sentenció que los casos de corrupción son problemas estructurales no solo de la política, sino también de otros sectores de la sociedad.
“Hoy la excusa para hacer la licitación amañada es el Covid, antes era el Metrobús, o las licitaciones en obras públicas para la construcción de rutas nacionales”, significó.
Peris remarcó que el Gobierno se jacta de que están funcionando los mecanismos que visibilizan los casos de corrupción. “Los casos de corrupción hace rato que se visibilizan, ahora necesitamos urgentemente empezar a observar la resolución de los casos y el castigo de la corrupción en términos de impunidad”, aseveró.
FRAGILIDAD. Para Villalba, las deficiencias de los controles gubernamentales muestran una debilidad institucional de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dijo que si bien existe una Comisión Bicameral del Congreso que se encarga del control de los recursos en esta crisis, no se visibilizan acciones concretas para que los máximos responsables de las instituciones estatales afectadas por las denuncias sean investigados por la Justicia.
Sentenció que en este momento el Ministerio Público únicamente se encarga de imputar las violaciones de cuarentena que ya llegan a más de 3.000 personas. “¿Cómo es posible que no se puedan emplear los mismos recursos para la investigación y atribución de responsabilidades en la comisión de delitos mucho más graves?”, cuestionó.
Villalba aseguró que “esta situación muestra una vez más la supeditación del Poder Judicial a los otros dos poderes del Estado, sobre todo al Poder Ejecutivo”.
La analista puso otro ejemplo de esta debilidad estatal que muestra una incongruencia al permitir que el transporte público continúe funcionando con buses repletos a tope, en condiciones absolutamente insalubres y generando situaciones de hacinamiento en varios puntos del país. “En lugar de imputar a los empresarios de transporte se les otorgó recientemente un subsidio de G. 400 millones al mes en vez de usar esos recursos para la salud. Esto también es corrupción y además constituye una muestra más de que los grupos de presión actúan en los márgenes de la legalidad”, apuntó.
A pesar de la coyuntura los corruptos no tienen conciencia social, esperan que ocurran estas cosas para hacer sus negociados.
Carlos Peris, sociólogo.
Esta situación muestra la supeditación del Poder Judicial a los otros dos poderes del Estado, sobre todo al Ejecutivo.
Mabel Villalba, politóloga.
