Resulta, sin dudas, positiva la iniciativa; no obstante, la misma debe ser mucho más que una campaña comunicacional, pues nos urge contar con políticas públicas basadas en la realidad y los datos. Sobre todo, es necesaria mayor eficiencia de las instituciones del Estado.
La iniciativa gubernamental denominada Estrategia Integral para la Protección de la Familia, que procura la evaluación de riesgos para la prevención de los feminicidios y un mayor involucramiento de la sociedad para eliminar la violencia dentro de las familias tuvo una positiva acogida, que nos habla de la gran necesidad de acciones para evitar que siga creciendo la violencia.
El proyecto fue impulsado por el Ministerio del Interior para proteger de manera integral a las familias, considerando el alto índice de violencia; la idea es lograr el involucramiento de la sociedad, los vecinos, docentes, tíos y primos en la detección de signos de violencia intrafamiliar, para poder dar aviso lo antes posible a las autoridades. Al mismo tiempo se lanzó la campaña “Hay excusas que matan” que alienta a la sociedad a denunciar casos de violencia que observen en su comunidad y no mirar a un costado.
Deben ser bienvenidas las campañas y planes para frenar la violencia; sin embargo, de parte del Estado son necesarios planes y sobre todo políticas públicas que puedan perdurar en el tiempo y no solamente campañas comunicacionales.
El año pasado, y según datos del observatorio del Ministerio de la Mujer hubo un total de 45 feminicidios en el país, y en los primeros cinco meses de este 2024 ya se tienen registrados 14 feminicidios. El Ministerio Público aportaba por su parte un dato estremecedor y preocupante: las denuncias por violencia familiar aumentaron un 200% en los últimos nueve años.
En el Paraguay disponemos de la Ley N° 5777 de Protección Integral a las Mujeres Contra Toda Forma de Violencia, una normativa que contempla 15 tipos de violencia por razones de género y tipifica el feminicidio. No obstante, la violencia familiar sigue siendo el segundo hecho punible más denunciado, superado apenas por los casos de robo agravado. Así lo corroboran los datos de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) que reporta 18.423 casos de abuso sexual infantil en los últimos cinco años; en promedio, una niña, niño o adolescente sufrió violencia sexual cada dos horas en Paraguay. Además, el 90% de los casos ocurren en el entorno familiar, por lo que esta organización considera importante la implementación de una Educación Integral de la Sexualidad.
En el lanzamiento de la campaña el presidente había remarcado: “Principalmente, tenemos que luchar contra la indiferencia, porque muchas veces recibimos las señales, vemos los indicadores y decidimos mirar hacia otro lado, y esto tiene que unirle a toda la sociedad paraguaya, que es cuidarle a la familia, cuidarle a las personas es fundamental. Lastimosamente, la violencia se ha ido normalizando”.
Ciertamente se debe luchar contra la indiferencia y la falta de compromiso y esto debería involucrar a la sociedad en su conjunto. Sin embargo, el primer paso debe estar en la capacitación y la mejor predisposición de las propias instituciones del Estado.
Recordemos que este 2024 se inició con un terrible episodio, una mujer fue asesinada, en un hecho de feminicidio que pudo haber sido evitado. De acuerdo con el testimonio de una amiga de la víctima, la Policía tenía conocimiento de la situación. El victimario disponía de antecedentes por violencia familiar, e incluso había sido detenido por esta causa en la Comisaría de Villa Elisa, y aunque en aquella ocasión quedó a disposición del Ministerio Público, fue nuevamente liberado.
Esta es la principal debilidad que se debe combatir, porque si se siguen dando casos de negligencia de parte de autoridades y funcionarios, una campaña mediática no va a evitar que aumente la cifra de feminicidios y niños abusados impunemente.
