Esta semana se reunió el Consejo de Defensa Nacional (Codena), contando con la presencia del presidente de la República. Después de esta reunión, se anunció que no existe ruptura alguna de la cooperación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. De esta manera, el Gobierno de Santiago Peña dio marcha atrás en su decisión de interrumpir la cooperación.
El contralmirante Cíbar Benítez, del Codena, explicó que la intención es potenciar la relación con la DEA, y Peña también intentó aclarar la confusión, aunque con poco éxito: “La estrategia que tenemos en materia de combate al crimen organizado, una visión más amplia, integrada y coordinada, genera cambios institucionales que nos obligan a replantear nuestra relación internacional. No es que retrocedemos, nos mantenemos en nuestra posición, pero nuestra posición aclara todos los relatos que se quisieron sacar”.
Más allá de las confusiones, el Gobierno de Santiago Peña debe admitir que la situación del crimen organizado, el narcotráfico y el microtráfico en el Paraguay están fuera de control.
Las autoridades informan sobre los logros de la cooperación en el tema tráfico, y mencionan la incautación desde 2018, de 47 toneladas de marihuana, casi seis toneladas de cocaína, casi 300 pastillas de éxtasis, además de alrededor de USD 3 millones incautados en dinero y joyas. En este 2024, sabemos que varias cargas de cocaína cayeron en puertos europeos, después de haber sido embarcadas en contenedores que partieron desde nuestro país. En los últimos cincos años, casi 70 toneladas de cocaína, que fueron incautadas en puertos europeos, habían sido enviadas desde Paraguay.
Ese tráfico ininterrumpido desde un país que se encuentra entre los cuatro países que lideran el crimen organizado a nivel mundial, de acuerdo con un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, habla a las claras de la fragilidad de nuestras instituciones al estar tan permeadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Existe, sin embargo, otra terrible consecuencia. Es aquella que se expresa a nivel urbano, y puede observarse a diario en las calles, barrios y comunidades. Se trata del brutal flagelo del microtráfico, que se ha ido apoderando del país. Un mapa de la Senad que identifica las zonas rojas de mayor comercialización de drogas al menudeo mostraba que catorce barrios de Asunción están atrapados por el microtráfico. En estos barrios de Asunción, la comercialización y el consumo de drogas son mayores, lo que genera además un conflicto social, pues el consumo está relacionado con el aumento de inseguridad, si a eso se le suman las guerras violentas por el dominio territorial.
Visto así, se ve que el problema no es solamente el combate al narcotráfico; se deben reforzar las acciones contra el microtráfico, pero también trabajar mejor en la prevención del consumo.
Dos años atrás, un reportaje de Telefuturo había documentado el terrible esquema de explotación sexual, tráfico de drogas, robos e incluso trata de personas, que involucra a niñas, niños y adolescentes nativos de una comunidad indígena en Mariano Roque Alonso. Lamentablemente, aquella realidad se fue extendiendo.
No se trata solamente de la inseguridad que sufren los vecinos de estos barrios, quienes tienen derecho a vivir con seguridad, sino también de la vida y la dignidad de estos menores, a quienes muchas veces los llaman zombies, víctimas finales del crimen organizado y el narcotráfico. Por ellos, por las familias y comunidades debemos urgir al Gobierno una mejor labor en el combate de este flagelo.
