El año pasado, a escasos días de las elecciones y con un Presupuesto General 2023 desfinanciado, se tomó la decisión de hacer pagos extras en beneficio de 74.500 funcionarios, un monto superior a los siete millones de dólares.
Aquellos aumentos, pagos extras bajo el rótulo de subsidio familiar y nombramientos, así como convocatorias para seguro médico vip fueron algunos de los privilegios que concedió el Gobierno a los funcionarios públicos como motivación poco antes de las elecciones de abril.
El funcionariado público es una base electoral importante para la ANR, recordemos la investigación periodística de ÚH que reveló que el 70% de los funcionarios del Poder Judicial están afiliados a la Asociación Nacional Republicana, incluso están afiliados magistrados, jueces y camaristas, quienes pese a que no está permitido, habían votado en las internas partidarias.
La generosidad colorada con el dinero público es espléndida e inconmensurable, y la estrategia ha dado sus frutos, pues los colorados lograron –con el resultado de las elecciones– un absoluto copamiento de los poderes del Estado paraguayo. Así, desde las instituciones, planilleros, la parentela, los amigos y recomendados de nuestros políticos siguen desangrando el presupuesto. Los hijos de diputados y senadores, liberales y colorados, denunciados a diario a través de los medios de comunicación y las redes sociales, en su mayoría permanecen en los cargos.
Si bien el hijo del presidente del Congreso Nacional renunció, lo mismo que el hijo de la diputada liberal que había llevado a su hijo de 19 años como asesor en la cámara, los demás siguen cobrando sus millones. La hija del vicepresidente de la República percibe como sueldo G. 12.700.000 más bonificaciones y gratificaciones, un total de G. 18.574.300, todo esto con un título de bachiller.
Beneficiar a un selecto grupo de privilegiados con nombramientos sin concurso, pero con millonarios salarios no es lo único que hacen en el Congreso. Desde esta institución, también se aprueban expropiaciones sin rigor ni información y, por lo general, en perjuicio del propio Estado paraguayo, como muestra bastará mencionar el caso de Remansito.
A la orden del día están también los salvatajes a los amigos. El último en recibir este beneficio fue el senador colorado cartista, Hernán Rivas, quien superó con creces el peligro de la pérdida de investidura debido al dudoso origen de su título de abogado. Rivas, antes de verse forzado a renunciar por el aluvión de críticas, fue titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, instancia que tiene como función enjuiciar a magistrados judiciales, agentes fiscales y defensores públicos.
En medio de los escandalosos casos de nepotismo actuales, la prensa ha denunciado asimismo privilegios administrados a discreción por el presidente de la Cámara de Diputados, cuyo primer anillo de confianza se lleva más de G. 1.500 millones anuales, uno de ellos es el propio jefe de Gabinete quien pasó de ganar G. 5 millones a G. 28 millones.
Todas estas situaciones que son de conocimiento público suponen la absoluta pérdida de la decencia, la moderación y la vergüenza por parte de nuestra clase política. La política en el Paraguay ha sido rebajada al nivel de militantes sin formación ni vocación de servicio que –con honrosas excepciones– solamente buscan privilegios y aprovechar el acceso a los recursos públicos.
La contracara de los hijos privilegiados de estos políticos es una juventud paraguaya sin oportunidades ni esperanzas son los millones de ciudadanos sin acceso a empleo, salud, educación y seguridad, y que a pesar de todo deben seguir manteniendo a este grupo de parásitos.
