El derrumbe de un edificio en construcción en la ciudad de Encarnación nos enfrenta a una situación alarmante: la necesidad de poner en duda el rigor con que se emprenden las obras en el país y, además, de determinar la cadena de responsabilidades. Debe realizarse un peritaje riguroso que determine las causas del colapso, que costó la vida de dos personas, y evitar que con una simple multa el caso quede en el olvido. Una investigación minuciosa deberá identificar las omisiones que causó el derrumbe, para que los culpables sean castigados.
Esta tragedia nos enfrenta con verdades de las que debemos hablar claramente y no seguir ignorando los hechos: deja al descubierto la falta de control en las construcciones, lo que implica una cadena de complicidad e impunidad, y, además, la terrible realidad de que muchas veces se priorizan intereses económicos por encima de la seguridad de las personas.
Desde la Municipalidad de Encarnación se declaró que la citada obra contaba con los permisos correspondientes, pero se admitió al mismo tiempo que hubo irregularidades. El ingeniero René Miglio, director de Obras, refirió que el primer permiso fue tramitado el 3 de mayo de 2023; en esta primera etapa se aprobó la construcción de un edificio desde la planta baja hasta un quinto piso, con la terraza correspondiente. El segundo permiso se realizó el 30 de mayo de 2024, donde se hizo el pago correspondiente para la construcción del piso número 6 y el piso 7.
Según las autoridades del Municipio, se constató una irregularidad en el marco de una fiscalización realizada por funcionarios de Control de Obras, quienes constataron la construcción de un piso que no contaba con el permiso correspondiente; sin embargo, eso quedó resuelto al parecer con el pago de una multa. La firma constructora abonó una multa y consiguió el visto bueno para la construcción. Ahora desde la Municipalidad anuncian una exhaustiva investigación.
Los hechos descritos son sumamente graves; no obstante, la realidad se ve todavía peor cuando escuchamos las explicaciones desde el Centro Paraguayo de Ingenieros, voces que nos hablan de que “casi nada está reglamentado” en Paraguay.
Amílcar Troche, titular del Centro, afirmó que en nuestro país, “esto está casi librado al libre albedrío. Nuestras normas son muy light (ligeras), son poco exigentes, no tenemos casi control por una serie de falencias de las instituciones que deberían ejercerlo, los municipios o el propio Estado”.
Asimismo apuntó al Centro de uno de los graves problemas que tenemos, al indicar que en otros países, ciertamente mejor organizados que el nuestro, hay leyes y marcos de construcción que sirven para regular las edificaciones. Lo que sucede en nuestro país es que no todas las municipalidades cuentan con recursos humanos calificados –en cantidad y en calidad– para realizar los controles de las construcciones, “porque, lastimosamente, preferimos llenarnos de administrativos o de operadores”.
Si tomamos el caso de la Municipalidad de Asunción, la que se presume cuenta con numerosos recursos, en apenas dos meses gastó más en sueldos que en un año de inversiones en obras. Y cabe preguntarse: ¿Cuánto del personal municipal está realmente capacitado y desarrolla tareas para dar bienestar y seguridad a los ciudadanos? ¿Cuántas tragedias potenciales acechan tras el clientelismo, el nepotismo y la deficiente administración de los recursos públicos?
La mala gestión, la mediocridad y la corrupción causan muertes. Esta tragedia no debe quedar impune, pero no solo se deben identificar a los responsables, sino que se debe elevar la capacidad de los municipios, para que ofrezcan confianza a la comunidad. Esta situación plantea una crisis de credibilidad que puede tener graves consecuencias.
