La diputada Johanna Ortega informó en sus redes sociales que la Cámara de Diputados había aprobado un pedido de informe que hizo a la Municipalidad de Asunción el 8 de mayo, pero que el plazo venció este lunes a las 15:00 sin respuestas por parte de la comuna que encabeza el intendente Óscar Nenecho Rodríguez.
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En el pedido de informes, la diputada solicitó que se remitan los extractos de todas las cuentas bancarias, los saldos de bonos emitidos G6, G7 y G8, además de los saldos de bonos y anteriores con certificación bancaria de todas las cuentas.
En sesión ordinaria del 8 de mayo de 2024 se aprobó en la Cámara de Diputados el pedido de informe que hice a la Municipalidad de Asunción, donde pedí que remita los extractos de TODAS las cuentas bancarias, los saldos de bonos emitidos G6, G7, G8 y los saldos de bonos anteriores…
— Johanna Ortega (@JohannaParaguay) June 17, 2024
“Hoy a las 15:00 vencía el plazo y Nenecho no respondió. ¿Qué escondes Nenecho? ¿Qué hiciste con la plata de los contribuyentes?”, increpó la diputada.
Por su parte, el abogado y director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Ezequiel Santagada, cuestionó la falta de respeto del intendente y su jefe de Gabinete, Nelson Mora, al no responder a una Cámara del Congreso Nacional.
En ese sentido, explicó que no responder a la Cámara de Diputados no tiene sanciones, nisiquiera políticas, ya que sus “cuates” son mayoría.
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No obstante, recordó que también solicitó dichos informes y existe una orden judicial por parte de la jueza Liz Carina Caballero sobre acceso a la información pública que la comuna debe acatar antes del 9 de julio.
“Bueno, veremos si cumplen la orden judicial de la jueza Liz Carina Caballero. No responder a la Cámara de Diputados no tiene sanciones, ni siquiera políticas en este caso, porque sus cuates son mayoría. No cumplir con una orden judicial es otra, ¡conmigo tienen hasta el 8 de julio hasta las 23:59:59!”, remarcó el abogado.
La Contraloría General de la República también informó que la comuna no respondió a todos los requerimientos para auditar el uso de los recursos provenientes de los bonos de los años 2022 y 2023. Se investiga una supuesta malversación de G. 500.000 millones que fueron denunciados.