Ante el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, se realizó la audiencia de imposición de medidas cautelares. Asistió a la diligencia junto al jefe comunal, el abogado Claudio Lovera.
Los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta y Marlene González le imputaron por los citados delitos y solicitaron la aplicación de las medidas alternativas para el procesado.
Así, en la audiencia, el defensor señaló que no existía concurso de delitos, ya que se daban dos calificaciones concretas, una por lesión de confianza y otra por asociación criminal, aunque no existe un relato de los hechos respecto a este último. Pidió que no se le prohíba salir del país y ofreció caución real.
El juez, en una escueta argumentación, señaló que resolvía imponer las medidas al procesado. Además, acotó que la libertad ambulatoria no representaba ningún peligro para seguir la investigación.
Con ello, tras tipificar la conducta, le concedió la libertad, con la obligación de acudir en forma trimestral al Juzgado, y comunicar la salida y entrada al país.
Finalmente, le aplicó una caución real sobre un inmueble ubicado en Fernando de la Mora, de propiedad de María Piancentini, hasta cubrir la suma de G. 500 millones, bajo apercibimiento de revocar medidas si había informe negativo de Registros Públicos.
SIN CHICANAS. El intendente Óscar Rodríguez resaltó que era el primer interesado en que la causa concluya, y que confía en el Poder Judicial y la Fiscalía, que era un caso de hace cuatro años.
Resaltó que a diferencia de otros, “nosotros no presentamos ninguna chicana. No hemos manifestado o tratado de evadir a la primera convocatoria. Justamente nos han fijado hace un mes del acta de imputación y en un mes ya estamos en el Juzgado”.
Resaltó que era la Fiscalía la que debía probar los cargos en su contra. Incluso, cuestionó la asociación criminal. “Hablando mal y pronto, es juntarme con un grupo de personas para delinquir o asaltar, y eso lo veo muy difícil de demostrar para la Fiscalía“.
Después, le consultaron sobre los cuestionamientos del concejal Álvaro Grau, sobre la utilización de recursos de 160 mil dólares para una cumbre. Lo trató de mentiroso, y dijo que no iba a salir un solo guaraní de la Comuna, entre otros puntos.
En el caso, la Fiscalía le sindica como el líder de una organización que simuló compras de detergentes y desinfectantes con los fondos destinados para la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Junto al intendente Óscar Rodríguez, también imputaron a los funcionarios de la Comuna, que son: Wilfrido Cáceres López, Nidia Rosa López de González, y Édgar Fabián Estigarribia Gavilán. Además, David Fernández, Agustín Fernández Estigarribia y Miguel Ángel Lisboa, representantes de DFR; Juan Rodríguez y Jorge Argüello, pertenecientes a COVA; María Digna Méndez, de M&F; y María Victoria Cano Rodríguez, Pedro Ramón Cano Torres, Antonio Cano Villagra y Benicio Cano Martínez.
