La presión ciudadana por la contratación privilegiada de hijos de diputados hizo que se abriera una investigación en la Cámara Baja, pero solo para revisar el cumplimiento de las obligaciones. Sobre el caso, el presidente Santiago Peña, siguió la línea del cartismo que afirma que no se incumplieron las leyes.
“No hay un incumplimiento de ley, yo creo que hay más que nada un problema ético y moral y la ética y la moral lastimosamente chocan muchas veces con la aplicación de nuestras leyes y cuando no hay leyes nosotros queremos aplicar criterios que son subjetivos, que capaz lo que es moralmente correcto para vos, no necesariamente sea moralmente correcto para todas las demás personas”, justificó a los medios de comunicación tras el acto de condecoración a policías y militares que participaron del operativo Veneratio.
Aunque reconoció que mantiene una constante comunicación con todos los actores políticos, refiriéndose a los legisladores que están en el ojo de la tormenta por la contratación privilegiada de sus hijos, Peña dijo que habla con ellos solo de cuestiones públicas y no personales.
En ese sentido, considera que lo que realmente se deben discutir son las reformas institucionales, “no cuestiones anecdóticas y personales”.
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“Hasta donde yo sé, no hay ninguna ley, porque en realidad no hay leyes, hay una ausencia de leyes, es por eso que tenemos, y vuelvo a insistir, una ley del servicio civil, que establece las condiciones de ingreso, de permanencia y de salud de la Administración pública”, dijo en un intento por promocionar su proyecto.
Como el Poder Ejecutivo no está de acuerdo con el texto que había presentado el gobierno de Mario Abdo Benítez, presentará en los próximos días una versión modificada que está elaborando el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos.
Investigación en Copaco
Acerca de la crisis de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Peña criticó que durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) se había estabilizado la situación y no representaba un riesgo fiscal, pero que todo empeoró durante la administración de Mario Abdo Benítez.
“Lastimosamente, desde el periodo 2018 al 2023, ha habido realmente una catástrofe, una debacle administrativa, económica y financiera de la empresa, donde lastimosamente los más perjudicados son los funcionarios de la institución”, manifestó.
Mientras no pueda pagar siquiera el salario a sus funcionarios, considera que una inversión es inviable. Además, dijo que se debe investigar lo que ocurrió en Copaco para que dejara una deuda de más de USD 110 millones.
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“¿Dónde se fue ese dinero, porque claramente el servicio no están prestando?”, cuestionó.
Como nuevo presidente de la empresa estatal asumió Óscar Stark, quien anunció que hará un análisis financiero para determinar si habrá renovación de contratos.
