El descarado nepotismo de los parlamentarios muestra la impunidad con la que operan, sin un ápice de empatía hacia la población que representan. En su defensa encontraron vías legales para evadir la ley que prohíbe el nepotismo en la Función Pública, pero quienes denunciaron los casos ante la Fiscalía enumeran otras causas relacionadas y que se castiguen en el fuero penal.
La Justicia aún no da indicios de avance en las investigaciones planteadas, mientras tanto se discute la falta de ética y de moral de los legisladores. Ellos aprovecharon su poder para lograr contratos sin concurso para sus familiares, quienes además tienen una dudosa idoneidad para los cargos que ocupan.
Sus hijos, esposas y hermanas perciben en el Congreso entre G. 3.300.000 y más de G. 18 millones, siendo Monserrat Alliana, hija del vicepresidente de la República, la más beneficiada en esta rosca con un salario de más de G. 18 millones.
Por supuesto, que tienen derecho a un trabajo digno, pero pudieron haber recurrido a sus empresas familiares o de amigos y, si les gusta la idea de hacer carrera en la función pública pudieron concursar para los cargos vacantes.
En contraste a estos privilegios, poblaciones vulnerables están sin empleos o trabajan de manera precaria. De hecho, la informalidad en el ámbito laboral llega al 60% en Paraguay. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, casi 266.000 personas estuvieron desocupadas o subocupadas en el tercer trimestre del 2022. Las cifras contemplan insuficiencia de tiempo de trabajo y personas que buscan activamente trabajar, pero no acceden a este derecho.
La pandemia agudizó, aún más la precarización laboral, pues las empresas aprovechan para arrastrar en el tiempo el contexto de crisis y restar beneficios a sus empleados, frente a un débil Ministerio de Trabajo que no tiene la capacidad de fiscalización y sanción frente a las numerosas denuncias.
Es también una realidad la histórica deuda del Estado paraguayo en políticas de protección social. La informalidad hizo que miles de trabajadores en edad de jubilarse, no tengan acceso a este derecho y caigan en la extrema pobreza. No solo quedan sin medios para subsistir, sino también desmoralizados por un capitalismo que desprecia a quienes “ya no aportan” al sistema que los desangró la mayor parte de sus vidas.
Los programas de pensión para adultos mayores y Tekoporã son insuficientes para cambiar la realidad, son necesarias transformaciones estructurales.
Los mismos parlamentarios que tienen la responsabilidad de velar por políticas públicas que mejoren la calidad de vida de todos los paraguayos, sin discriminación, son quienes aprovechan su influencia para beneficio propio.
Al mismo tiempo, la clase política está debilitando la democracia con la impunidad y el autoritarismo que destilan a pesar de las pruebas en su contra. Pero la pulseada con la sociedad civil apenas empezó.
Las penas podrían ir hasta 10 años, dependiendo de las causas que investigue la Fiscalía. Sin embargo, en un escenario optimista, apenas se conseguirían otras pocas renuncias de funcionarios que accedieron a cargos y salarios de forma irregular. Con suerte, algún legislador tendrá que hacer de chivo expiatorio, de manera a seguir encubriendo estas y otras prácticas dañinas. El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, quien facilitó esta detonación, ya dio marcha atrás para evitar las sanciones, incluso en otras decisiones que tomó sobre los recursos a su cargo, por ejemplo, la ampliación de la sede parlamentaria por G. 5.000 millones, cuando los propios legisladores hablan de mejorar el gasto público para recortar el presupuesto asignado para atender a personas en situación de vulnerabilidad.
