Para empezar, es importante tener claro cuáles son los determinantes de los salarios. El economista David Card, Premio Nobel de Economía en el año 2021 por sus contribuciones al análisis del mercado laboral, y Tomas Rau, director del Instituto de Economía de la UC Chile, publicaron recientemente un breve artículo en un periódico chileno. Allí comentan que diversos estudios empíricos indican que entre un 40-60% de la variación salarial de los trabajadores que cambian de empleo se explican por variables observables y no observables del propio trabajador (nivel de formación, experiencia, capacitación, etc.). O sea, si las personas invierten en buena formación y capacitación, aumentará la dinámica de sus ingresos a través del tiempo. Por otro lado, mencionan que existe evidencia de que las empresas grandes pagan mejores salarios que las pequeñas, y por lo tanto, empezar en empresas pequeñas para ganar experiencia y, a partir de allí, buscar oportunidades en empresas más grandes, parece una buena estrategia para mejorar los salarios. En resumen, el capital humano individual y el nivel de tecnología y de capital por trabajador utilizado en las empresas son los principales determinantes de los salarios.
Al observar los datos de nuestro mercado laboral, la conclusión obvia es su alta precariedad. Según datos del INE, la población ocupada tiene en promedio apenas 10,5 años de escolaridad (terminar la educación media requiere 12 años), lo cual afecta su productividad. Además, solo el 13% del empleo está en empresas consideradas grandes en nuestro país, que en su mayor parte son pequeñas a escala internacional. Al sumar los asalariados informales, trabajadores independientes y los cuentapropistas, la informalidad alcanza a casi el 77% de la fuerza laboral ocupada. Por último, el 40% de los trabajadores asalariados ganan menos que el salario mínimo. Y, el salario mínimo más sus cargas sociales, representa un promedio del 40% del PIB por trabajador; pero alcanza el 70% en los sectores de comercio y servicios donde se concentra el 55% del empleo nacional. Nuestras políticas y regulaciones laborales deben tomar en consideración esta realidad.
La alta informalidad y la elevada relación entre el salario mínimo y la productividad laboral en los principales sectores empleadores del país indican que probablemente su nivel actual sea elevado. Por lo tanto, lo posible a corto plazo es mantener su poder adquisitivo, y para incrementar el empleo formal y mejorar los salarios a mediano plazo, es necesario implementar políticas de capacitación para mejorar la productividad, otras que faciliten la movilidad laboral y otras para reducir el costo regulatorio y las cargas sociales. La eliminación de la estabilidad especial y otros beneficios legales vigentes a partir de los 10 años de antigüedad reduciría sustancialmente el costo de la formalidad y evitaría la práctica de despidos altamente ineficientes para evitar la rigidez laboral. La publicidad amplia de las búsquedas y oportunidades laborales de las empresas, a través de medios y portales digitales públicos facilitaría la movilidad y el crecimiento salarial. La fusión del programa médico del IPS con el Ministerio de Salud y su financiación con impuestos permitiría una importante reducción en las cargas sociales, etc.
Programas focalizados en mejorar el funcionamiento del mercado laboral, en incrementar la productividad y en reducir los costos regulatorios y las cargas sociales redundarían de manera permanente y sostenible en mejores salarios y en mayor bienestar y seguridad para los trabajadores. Pero no hay recetas mágicas. Las buenas políticas se basan en evidencia y apuntan a resolver problemas de la realidad, pero requieren mucha madurez.
