Los únicos que votaron a favor del proyecto fueron el senador Fernando Silva Facetti, y el diputado Enrique Mineur, ambos llanistas.
Con esta decisión, la propuesta queda pendiente de estudio en la Cámara Alta, y podría reflotarse en caso de que el proyectista, en este caso Blas Llano, insista.
La mayoría de los senadores y diputados que intervinieron en el debate coincidieron en que ya está vigente la ley de militarización que también incluye a Amambay.
“No existe necesidad inminente del procedimiento del estado de excepción. No tiene justificación”, dijo el diputado liberal Celso Kennedy.
Su colega, Norma Camacho, del Encuentro Nacional, sentenció que fracasó la ley de militarización, la de emergencia penitenciaria y las instituciones encargadas del área de seguridad del gobierno.
Indicó que estaba en contra del estado de excepción, y a su criterio en su momento se tenían que haber tomado las medidas necesarias.
El diputado cartista Derlis Maidana sostuvo que está en contra de la convocatoria a ambas Cámaras del Congreso para tratar el proyecto.
“No es un problema legal, sino falta de cumplimiento de las normas”, remarcó.
Manifestó que todas las herramientas necesarias están a disposición del Ejecutivo, y que inclusive se abreviaron los plazos para licitar la construcción de cárceles.
“Instamos al Ejecutivo que use las herramientas necesarias, que el Ministerio de Defensa y la Policía hagan su trabajo”, señaló. Indicó que no se necesita otra cumbre de poderes solo para llamar la atención. “Que el Poder Judicial deje de amparar a los capos de la frontera”, increpó.
Alegó que cuando se reanude el periodo ordinario se podría tratar de vuelta la propuesta, salvo que ocurra otro acontecimiento grave.
Su correligionario Basilio Núñez ironizó sobre la situación de los presos en el país. “Acá un recluso da conferencia de prensa”, dijo.
Dijo que todos los gobiernos que pasaron tienen que hacer un mea culpa.
Cuestionó que hasta el momento no sea una realidad el uso de las tobilleras electrónicas como en otros países, y el hacinamiento de reos peligrosos en las cárceles.
Defensa, Interior, ARP y comerciantes, en contra
A pedido del titular de la Comisión Permanente del Congreso, Arnaldo Franco, se solicitaron informes sobre el proyecto de estado de excepción a los ministerios del Interior y Defensa.
A criterio de Bernardino Soto Estigarribia, no se ha generado un inminente peligro al funcionamiento regular de los órganos del Estado. “No se ajusta al requisito constitucional”, sentenció el ministro.
Por su parte, Euclides Acevedo tampoco está a favor de la propuesta, y alega que la situación en el departamento ya fue controlada.
La ARP (Asociación Rural del Paraguay) por nota refirió que el estado de excepción sería sumamente traumático para la zona.
Los comerciantes del departamento también se expidieron, y alegaron que podría tener consecuencias negativas para el rubro.