Durante la larga pandemia del Covid-19, existía la expectativa de que, después de superar la crisis, seríamos capaces de construir un mundo mejor. No solamente fueron falsas las expectativas, ya que el mundo ciertamente no está mejor, sino que, además, en el caso del Paraguay, la situación de crisis expuso las peores cualidades de muchas personas, incluidas autoridades y funcionarios públicos. No debemos olvidar que, mientras miles morían en hospitales colapsados, hubo paraguayos que intentaron obtener beneficios propios en la emergencia.
Según los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, no hay dudas de que el intendente de Asunción es la cabeza de la estructura que simuló compras de detergentes y desinfectantes utilizando fondos de emergencia en el marco del Covid-19. Sostienen que el daño patrimonial ascendería a casi G. 2.000 millones, pero dicha suma no representa el verdadero daño causado.
En momentos de angustia y dolor, de pérdida de familiares y amigos, hubo personas que estaban trabajando para el Estado paraguayo, administrando el dinero público e intentaron lucrar con la necesidad en plena crisis mundial.
El Ministerio Público señala ahora que el intendente de Asunción no puede deslindar responsabilidad en los hechos atribuidos, considerando su rol como autoridad que aprobaba los procesos. En varios procesos de contratación realizados en el marco de la emergencia del Covid-19, la Municipalidad de Asunción invitó a participar a las mismas firmas, vulnerando los principios generales de legalidad y libre competencia.
Esta es una investigación que se inició a partir del trabajo de la diputada Johanna Ortega, quien el 16 de julio de 2021 pidió vía Acceso a la Información Pública documentaciones de orden de pagos, facturas y cheques relacionados con el caso detergentes de oro, para hacer una trazabilidad de la compra que se realizó en 2020.
Hoy, cuatro años después encontró algunas sorpresas, dice; una de ellas es que uno de los imputados ocupa un alto cargo en el Ministerio de Justicia. “Fue premiado por el cartismo”, afirmó la diputada.
Esto nos muestra los alcances y las consecuencias de la corrupción y la impunidad.
Recordemos que Nenecho Rodríguez asumió como intendente el 9 de noviembre de 2021; anteriormente se había convertido en intendente interino, tras la renuncia de Mario Ferreiro, quien fue envuelto en un escándalo de corrupción. Ferreiro, el último intendente de la oposición, había sido imputado y acusado en un supuesto esquema de recaudación paralela en la Comuna asuncena y después de cuatro años se comprobó que fue una causa montada. Mario Ferreiro fue sobreseído de la acusación.
Son momentos críticos los que vive la administración de Rodríguez en la Comuna, con una institución prácticamente en quiebra e investigada por la Contraloría General de la República que recientemente emitió un dictamen sobre el manejo de fondos de emisiones de bonos. Tras el análisis de estos documentos se hicieron evidentes las irregularidades en el manejo del dinero que era para obras y fue destinado a gastos corrientes, sin las documentaciones que las respaldaran.
Asunción se encuentra hoy enterrada bajo escombros, baches, raudales, deudas, y con autoridades que claramente no conocen el trabajo para el cual fueron electas.
Esperamos que la Justicia sea capaz de esclarecer los casos de corrupción en pandemia, que debieron haber sido juzgados con rapidez.
Si hubo hechos de corrupción durante la mayor crisis del siglo XXI, estos deben ser juzgados, pues es inaceptable sostener a autoridades que en vez de servir a la población se aprovecharon de su posición para beneficiar a sectores políticos y económicos, mientras la población moría por la falta de insumos, medicamentos, perdía sus empleos y a sus seres queridos.
