El Gobierno Nacional ha presentado hace poco más de un mes el proyecto de ley de suministro y contrataciones públicas al Congreso, documento más conocido como la nueva ley de compras públicas.
El planteamiento nace de la Comisión Interinstitucional del Gasto, un comité creado a fines del 2018 por la actual Administración Pública para iniciar una reforma que, hasta el momento, contempla también el proyecto de ley del servicio civil. Además del Ministerio de Hacienda, esta Comisión está conformada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y la Secretaría Técnica de Planificación (STP), entre otros.
La propuesta deja de lado las actuales “modalidades rígidas” como eje central de contrataciones, con el objetivo de acabar con los sobrecostos, deficiencias en procesos de adjudicación, falta de control preciso y, en muchas ocasiones, hasta evidentes direccionamientos en favor de los amigos de turno, sin consecuencias ni castigos.
Es así que el proyecto prevé compras conjuntas y a escala, mayor control fiscal y reglas mucho más claras a la hora de la adquisición de bienes y servicios. Asimismo, incorpora mayor tecnología a los procesos de contrataciones y fiscalizaciones, lo que permitirá que el ojo ciudadano esté mucho más activo ante cualquier indicio de irregularidad, entre otros cambios que introduce el documento. Al menos, eso es lo que está en los papeles.
La reforma del gasto es un insistente reclamo del sector privado, un sector que representa el 90% de la economía nacional y, consecuentemente, es el que soporta la estructura estatal mediante el pago de los impuestos y tasas dispuestos en un sinfín de leyes, decretos y resoluciones reglamentarias.
Este reclamo toma mucha más fuerza en estos tiempos de pandemia. Es que mientras el sector privado hizo un esfuerzo descomunal por mantener a la actividad interna en pie, produciendo a media máquina —siendo generosos— y hasta endeudándose para mantener el empleo y cumplir con sus obligaciones, el Estado ha concretado casi cero renuncias.
Hace unos días, ÚH publicaba que el Estado repartió USD 52 millones en gratificaciones adicionales a su plantel en los últimos 16 meses, en conceptos que van desde el subsidio familiar por hijo, ayuda escolar y subsidio por nacimiento, hasta ayuda alimenticia, subvención por fallecimiento y gastos médicos extraordinarios.
Otra publicación de este diario indica que entre 2013 y 2019 los sobrecostos en las obras públicas se llevaron casi USD 360 millones. Los datos oficiales señalan que, durante el periodo mencionado, fueron unos 410 proyectos los que sufrieron modificaciones en sus precios en comparación con el costo inicial.
De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Paraguay malgasta por su ineficiencia, cada año, alrededor del 3,9% de su producto interno bruto (PIB), es decir, de la riqueza que genera. En la actualidad, esto representa algo así como USD 1.450 millones. El principal acreedor del Estado paraguayo nos está diciendo que si mejoramos las compras públicas, las transferencias y los problemas salariales, se podrán ahorrar USD 1.450 millones por año y endeudarnos en menor medida para financiar la inversión pública. ¿Qué mensaje más contundente que ese se necesita?
Es de suma importancia que el Congreso no deje dormir este proyecto de ley. Si los legisladores de verdad quieren ayudar a la transformación social y económica, en medio de un creciente malhumor social por la falta de camas, medicamentos y vacunas, esta es una oportunidad que no pueden dejar escapar.
En estos tiempos históricos, que empujan más que nunca a revisar un modelo desfasado y poco inclusivo, darle un golpe a la corrupción que domina las compras públicas sería un mensaje político esperanzador.