Ninguna autoridad se pronunció aún sobre la medida cautelar de la Corte Suprema mediante la cual se suspenden los efectos de la ley que desmantelaba la Dirección Médica de la Cámara de Diputados, y que habilita a siete ex funcionarios, del área administrativa, a retornar al Congreso luego de haber sido trasladados al Ministerio de Salud. Las gestiones para hacer cumplir la resolución de la Corte están a cargo de los ministerios de Hacienda y Salud.
El jefe de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados, Julio Cabrera, dijo que además de no haberse recibido aún ninguna notificación, el proceso para ellos ya fue concluido, por tanto, volver a integrarlos sería una tarea difícil, explicó que ni siquiera habría lugar ni presupuesto, ya que eso está a cargo de Hacienda, pero que igualmente, aguardan el aviso y la orden de las autoridades competentes.
El minihospital, que fue desmantelado, en su momento contó con una superpoblación de trabajadores de salud que ni siquiera disponían de los equipos.
Entre ellos estaban siete médicos, seis odontólogos, cinco enfermeros, cinco nutricionistas, cuatro sicólogos y dos obstetras.

La medida cautelar de la Corte que autoriza el traslado de nuevo de los funcionarios a Diputados, se da hasta que se resuelva la acción de inconstitucionalidad presentada por siete afectados.
Se trata de Irma Lucía Cáceres González, Marciana Bareiro Giménez, Pabla Elvira Pavón, Irmina Marlene Monges Frente, Vanessa María Violeta Rivas Caló, Myrian Fernández de Jara y Fernando Ismael Da Silva Sánchez.
El abogado que representa a los funcionarios, Eduardo Pérez Avid, dijo que lo que corresponde a partir de la medida es que los rubros de estos cargos sean de nuevo trasladados a la Cámara de Diputados, tarea que fue asignada a Salud y Hacienda, que ya fueron notificados de la resolución que fue emanada el pasado 20 de diciembre por parte de los ministros de la Corte Antonio Fretes y Miryam Peña, esta última ya jubilada, por lo que la sala deberá volver a integrarse.
La polémica. La Cámara de Diputados contaba con un Departamento Médico hasta el año pasado, con 23 funcionarios de blanco permanentes y seis contratados, pero por ley fue desmantelado y todos fueron trasladados al Ministerio de Salud, que fue asignado como encargado de pagar sus salarios.
Esta Dirección Médica llevaba más de 20 años de vigencia y fue muy cuestionada por contar con muchos especialistas que podrían prestar servicios en hospitales públicos, ya que en Diputados no existen mayores necesidades.
Luego del escándalo generado por este caso, fueron revelándose situaciones similares en otras instituciones con superpoblación de trabajadores de salud.
7 médicos formaban parte del “minihospital” de Diputados y todos fueron designados al Ministerio Salud.
6 odontólogos prestaban servicios en la clínica sin siquiera tener los recursos básicos para dar atención.
5 enfermeros integraban el plantel de funcionarios de blanco, lo que fue cuestionado y calificado de excesivo.
5 nutricionistas, además de cuatro sicólogos y dos obstetras, engrosaban la lista superpoblada de la clínica.