La causa penal de un presunto desvío de G. 3.719 millones que correspondían al Ministerio de Agricultura (MAG) y que debían ser destinados a los productores frutihortícolas fue declarada prescripta y dicha resolución confirmada en segunda instancia. Ahora se empiezan a apuntar entre todos la responsabilidad del por qué se hizo el juicio recién tras 7 años.
El caso se había iniciado ya allá por el 2013, cuando se hizo la denuncia. Luego, en el 2014, imputaron a los ex ministros del MAG Enzo Cardozo y Rody Godoy. En marzo del 2015, los fiscales Alba Delvalle y Leonardi Guerrero presentan acusación contra los ex titulares y otras personas, por lesión de confianza, estafa y otros hechos.
El dinero debía ser destinado para poner en marcha proyectos del Programa Nacional de Fomento Pecuario (Pronafope) y de la organización Frente Combatiente contra la Pobreza, en los años 2011 y 2012.
Según la acusación, G. 1.219 millones habrían sido desviados en el periodo en que Cardozo estaba al frente del MAG, mientras que se habrían malversado G. 2.500 millones durante la gestión del ex ministro Godoy.
Pasaron 7 años y recién en el 2021 se logró hacer la audiencia preliminar donde finalmente se determinó que el caso vaya a juicio oral, lo cual ocurrió en setiembre del año pasado.
Es ahí donde el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Elsa García, Yolanda Portillo y Fabián Escobar resuelven que el caso ya estaba prescripto y deciden sobreseer a los acusados.
La Fiscalía apeló y el 30 de diciembre del año pasado, el Tribunal de Apelaciones integrado por los camaristas Agustín Lovera Cañete, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín decide confirmar la prescripción, haciendo una dura crítica a la Fiscalía.
Lovera Cañete consideró a todos los fiscales de la causa como “displicentes”, diciendo que son los responsables de velar por la observancia de los plazos. Dijo que el impulso procesal es tarea exclusiva de ellos. Sostuvo que se frustró dar una pena en el caso, lo cual fue propiciada supuestamente por el actuar de los representantes de la Fiscalía.
Por su parte, desde el Ministerio Público explicaron que la prescripción se debe a reiteradas dilaciones que no fueron sancionadas.
En un comunicado, sostienen que “pese a que en varias ocasiones recomendaron, el órgano jurisdiccional nunca aplicó sanción alguna por las chicanerías excesivas a las que recurría la defensa”.
El caso pasó por varios jueces y llegó en varias ocasiones al Tribunal de Apelaciones, pero nunca sancionaron el sinfín de apelaciones, incidentes y recusaciones.
Ahora, ¿sobre quién realmente recaerá la culpa de que el caso haya estado por 7 años en el Poder Judicial sin poder realizarse la preliminar? Mientras se sigan buscando culpables, muchos otros casos están siguiendo el mismo paso.
La causa donde está procesada la ex titular de Petropar Patricia Samudio sigue parada sin poder fijarse la fecha de preliminar, pese a 6 intentos frustrados. Se habla de un esquema para desviar fondos. La Fiscalía ya pidió que vayan a prisión, por las dilaciones.
También desde hace dos años se está permitiendo dilatar el proceso en contra del ex titular de la Dinac Édgar Melgarejo, quien también afronta juicio por presunta corrupción.
Las masivas chicanas y las autoridades que permiten eso hoy están dejando causas sin justicia y mucho dinero sin ser pagado. ¿Quién se va a hacer cargo de esto?
