Hasta el momento la falta de lluvias se centró en amenazas de pérdidas para el sector productivo, para el ecosistema y la economía del país. No contábamos con que el calor extremo más rápidamente y de forma directa podría acabar con la vida de un niño, cuya situación de vulnerabilidad no debe pasar desapercibida para entender el contexto de su fallecimiento.
Luego de una semana de permanecer desaparecido, su cuerpo fue hallado con signos de insolación cerca de un tajamar perteneciente a una estancia. Sed, debilidad y mareos son algunos de los síntomas que pudo tener la víctima en la búsqueda por calmar su desesperación.
Era un niño con discapacidad y miembro de una comunidad indígena del Chaco, en el Departamento de Boquerón, donde en temporadas de sequía, se agudiza la búsqueda de agua y alimentos. Si bien la normativa paraguaya permite la caza de subsistencia de animales silvestres por parte de pueblos originarios, de acuerdo a sus tradiciones y costumbres, los animales ya no merodean de seguido debido sobre todo a desarrollos agroganaderos y otros emprendimientos que amenazan la biodiversidad.
A esto se suman las restricciones de desplazamiento que tienen los y las indígenas para buscar suministros, pues muchos de los territorios están cercados y vigilados por peones de estancia como el caso de la comunidad Sawhoyamaxa, que hasta hace pocos años vivió con temor en sus propias tierras que habían sido restituidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los civiles podían atacar con disparos que no se escucharían en los organismos de seguridad, al igual que los constantes reclamos por una vida digna que fueron ignorados por el Estado.
De acuerdo al III Censo Nacional de Población y Viviendas existen en Paraguay 117.1502 indígenas, de los cuales el 66,7% se encuentra en los departamentos de Presidente Hayes, Boquerón, Canindeyú y Amambay.
Los dos primeros están en territorio chaqueño, que históricamente tiene mayores problemas en disponibilidad de agua y aunque el acueducto fue toda una promesa, el agua potable no llega muchos asentamientos indígenas.
Esta falta de acceso a un insumo vital no se limita a los pueblos originarios, de hecho se estima que al menos 1 millón de habitantes de Paraguay no cuenta con el servicio, lo que representa una grosera vulneración de derechos básicos en un país en que el empresariado lucra con el agua.
Solo ayer los campesinos denunciaban ante el Congreso Nacional que, ante la ausencia de agua potable en comunidades lejanas, todavía hay pobladores y pobladoras rurales que recurren a los arroyos, que por el impacto de la sequía ahora están prácticamente secos. Los campesinos y campesinas en su peor experiencia quedaron así sin agua y con los cultivos de autoconsumo destruidos.
En contraste con esa realidad hay alrededor de 100 empresas que se dedican a la venta de agua embotellada a nivel país, de las cuales la mitad se concentra sobre el Acuífero Patiño y la zona del Departamento Central, según la investigación “¿De quién es el agua?”, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. El informe explica además que hasta ahora las compañías extraen el agua sin pagar por ella por la falta reglamentación de las leyes vigentes.
Estos ejemplos muestran cómo los derechos humanos se mercantilizan en Paraguay, donde el agua puede llegar en abundancia a algunos y donde un niño indígena, víctima de la desigualdad, puede morir de sed.