La jueza emitió un auto interlocutorio que señala que la medida de arresto domiciliario “no impide que el procesado siga cumpliendo con sus funciones como gobernador del Departamento Central, cargo para el cual fue electo a través del voto popular”.
No obstante, la jueza aclaró dicho escrito en otro auto interlocutorio y antes de eso explicó en conferencia que no está en sus atribuciones determinar si el gobernador podrá seguir o no en sus funciones en atención a que este no podrá acercarse a la Gobernación.
Además, Aguilera indicó que a esto se suma el artículo cuarto de la carta orgánica del gobierno departamental, que menciona que “el Gobierno Departamental tendrá su sede en la capital del respectivo departamento, sin perjuicio de que pueda ejercer sus funciones en forma transitoria en otras localidades del mismo”.
“Consulté con los asesores para que me den su parecer porque no quiero dar una respuesta errada. Los asesores me darán una respuesta”, expresó Aguilera del PLRA.
Por su parte, el edil Adrián Billy Vaesken del PLRA manifestó que Hugo Javier ya no puede ejercer el cargo y que la jueza se equivocó en el primer documento “haciendo suyas las palabras de la defensa de Hugo Javier”.
Para Vaesken lo más sensato que puede hacer Hugo Javier es renunciar.
No obstante, citó que la Carta Orgánica establece que ante la ausencia o impedimento del gobernador, el presidente de la Junta Departamental deberá asumir como encargado de despacho durante 15 días en los cuales se debe convocar a una sesión extraordinaria. Se necesitarán como mínimo reunir 11 votos a favor de uno de los concejales para que éste quede al frente de la gobernación de Central.
“La gobernación no puede quedar acéfala”, aseveró.
En cuanto a la indecisión de Aguilera, recordó que su colega, votó varias veces a favor del cartismo. “Tiene un mareo mental pero lo que corresponde es que convoque a la elección de un nuevo gobernador porque la institución no puede quedar acéfala, tiene que estar al servicio de la comunidad”, precisó.
El edil agregó que de ninguna manera Hugo Javier puede seguir siendo gobernador, ya que tiene un impedimento que es la prisión domiciliaria.
En efecto, en el último auto interlocutorio de la jueza María Elena Cañete, la misma se retracta y señala que “se le ha transcripto por un error involuntario de tipeo la transcripción de la pretensión de la defensa técnica”, que sostiene que Hugo Javier puede seguir a cargo de la gobernación.
El arresto domiciliario para el gobernador se da en el marco de la investigación por la presunta mala utilización de USD 1 millón que transfirió el Ministerio de Hacienda para la reactivación económica por el Covid-19. A su vez, ese monto, el gobernador transfirió G. 5.105 millones a la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) del árbitro Tadeo Álvarez, quien también está procesado. Además, transfirió al Consejo Regional de Salud, la suma de G. 1.270 millones a través de cheques en lugar de hacerlo por la vía de transferencia siguiendo los trámites legales.
La utilización de estos fondos fue investigada primeramente por la SET que constató la presencia de facturas falsas.
Seguidamente, la SET detalló que presentaron una segunda rendición, cambiando sus declaraciones con nuevas facturas y fechas, lo que se hizo presumiblemente para “limpiar” las documentaciones irregulares que fueron presentadas inicialmente, donde había inconsistencias. La Fiscalía también pudo corroborar las irregularidades e imputó al gobernador y a otras 14 personas involucradas en el esquema por lesión de confianza y otros delitos.
Consulté con los asesores para que me den su parecer porque no quiero dar una respuesta errada sobre el caso.
Mario Aguilera,
presidente de la Junta.
La gobernación no puede quedar acéfala. Corresponde que se convoque a una sesión para elegir al sucesor.
Adrián Vaesken,
concejal del PLRA.