Susana Oviedo
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Frecuentemente consultado por los medios de comunicación de la región y del Brasil, Daniel Veloso Hirata, investigador del Núcleo de Estudios de Ciudadanía, Conflictos y Violencia Urbana, y del Grupo de Estudios de los Nuevos Ilegalismos (Geni) de la Universidad Federal Fluminense, accedió a una entrevista telefónica con este diario, a propósito de la otra cara del tráfico de armas que empodera a grupos del crimen organizado transnacional (COT) que tienen bajo su dominio a poblaciones. Entre ellos, las milicias, en Río de Janeiro.
–En el Paraguay está en desarrollo el Operativo Dakovo que investiga el tráfico de armas de Europa hacia nuestro país. ¿Le sorprende que también efectivos de las Fuerzas Armadas estén metidos en este ilícito?
–No, no me sorprende. Nosotros tuvimos casos recientes aquí en Brasil, de desaparición de armas de grueso calibre, estamos hablando, por ejemplo, de ametralladoras 50, armas que pueden derrumbar aeronaves, inclusive; armas pesadísimas, y que no conseguirían salir del cuartel del ejército sin ser percibidas. Necesitarían camiones para cargar esas armas. Por eso no me sorprende porque esto es una práctica que no es extraña en Brasil, en la implicancia de militares. Al final de cuentas, los militares también tienen acceso a las armas e infelizmente esto acaba propiciando la oportunidad de que este acceso sea convertido en beneficios privados, a través de la reventa de estas armas a grupos armados. Entonces, esto no me sorprende y esta Operación que se hizo en Paraguay me parece ejemplar por el tipo de conducción investigativa que realmente ofrece un resultado bastante expresivo para actuar sobre las redes criminales de acceso a armas y municiones.
–¿De dónde se proveen los grupos criminales de armas como las denominadas milicias que en la actualidad causan estragos en Río de Janeiro?
–Las armas que llegan aquí a Río de Janeiro tienen diversas procedencias. Hay armas que vienen de afuera de Brasil y hay armas que vienen del propio mercado interno brasileño. En los últimos años, tuvimos un aumento del mercado interno porque durante el gobierno anterior hubo una política de estímulo al armamento civil y una serie de armas que tenían posesión y portación restrictivas que se vendieron de forma más libre.
Pero el mercado externo sigue siendo importante; muchas armas vienen, inclusive, del Paraguay, que es una ruta bastante conocida de procedencia de armas que llegan aquí a Río de Janeiro. Pero hubo ese cambio significativo en los últimos años, que mencioné. Hay que decir también que entre las armas que vienen del mercado interno brasileño hay armas que son vendidas formalmente, y después son revendidas a los grupos armados y otras que son requisadas por las fuerzas policiales y también son revendidas a los grupos armados. Entonces, tenemos diversos caminos para las armas que llegan a las organizaciones criminales.
–¿Cuál es el impacto que genera esa facilidad de acceso a las armas en las población?
–Es una verdadera tragedia. Desde el punto de vista del análisis, basado en datos y evidencias, de la discusión académica-científica sobre ese punto, no hay una discusión seria sobre la posibilidad siquiera de que un mayor número de armas en circulación genere más seguridad a la población. Todas las investigaciones apuntan en la dirección de que una cantidad mayor de armas puestas en circulación va a provocar un número mayor de homicidios.
Es un mercado peligroso. Las armas deben estar en posesión de las fuerzas policiales, y la población debería estar desarmada. Cuando eso no sucede, lo que hemos testificado hace un tiempo en Río de Janeiro es que varios grupos armados empiezan a controlar territorios y poblaciones. Y esa lógica del control territorial armado es bastante estructural en los problemas en las áreas de seguridad pública en Brasil. En la configuración urbana, encontrar grupos que dominan territorios y poblaciones y disputan ese dominio entre sí y a las fuerzas policiales es justamente lo que compone el escenario conflagrado de la violencia armada de Río de Janeiro.
–Además del control territorial, ¿qué es lo que controlan los grupos criminales dentro de estos?
–El control territorial armado se hace presente en diferentes áreas. Una primera dimensión importante es el control económico de esos territorios. Las milicias actúan en una diversidad de mercados legales e ilegales. Y esa posibilidad de actuar en esos mercados, procede del control territorial armado. Voy a mencionar algunos de los mercados más importantes, sin ser exhaustivo: el mercado inmobiliario, que significa la ocupación de tierras, la construcción inmobiliaria, la venta y el alquiler de viviendas, la administración condominial. También en el transporte alternativo, actúan en el ofrecimiento de infraestructuras eléctricas, de agua, etc.
–¿Manejan hasta los servicios básicos?
- Sí, están en el ofrecimiento de servicios de internet, de televisión a cable, de gas de uso doméstico. Estos grupos también actúan extorsionando, provocando demanda de protección mediante amenaza a comerciantes y también a los mismos habitantes de esos territorios exigiendo el pago de protección. Hay una segunda dimensión importante del control dentro del territorio armado que es el control político. Hay una gran dificultad para los políticos que no estén vinculados a estos grupos, de hacer campañas políticas, de estar en estos lugares.
En algunos espacios de Río de Janeiro es bastante frecuente, sobre todo durante el período de las elecciones, la ejecución de candidatos, el asesinato de esas personas.
También se da un control social en el sentido de saber sobre las rutinas, sobre el día a día de esas personas, en qué lugares pueden o no circular. Hay bloqueos en la circulación de las personas, hay cierre de tiendas, restricciones sobre música. En fin, una serie de restricciones también sociales. Por supuesto, el control del territorio armado efectivamente actúa sobre todas esas dimensiones de forma bastante opresiva en la vida de las personas que viven en esos lugares.
–¿Qué pasa con el Estado en circunstancias como la que está describiendo?
–El crimen organizado en general y, en particular, las milicias son fuerte. El Estado es un agente propulsor de la criminalidad organizada. No hay manera de imaginar que exista crimen organizado sin la participación del Estado, sin que este tenga, al menos, tolerancia o convivencia con esas prácticas, y hasta participación directa o indirecta de agentes públicos.
Hay una protección de agentes públicos, y aquí me refiero no solo a policías, sino también a fiscales, agentes de regulación de esos mercados que mencioné, representantes políticos, participación de operadores del Poder Judicial que permitan que estos grupos existan. Como dije, sea por omisión o por participación directa o indirecta. Por tanto, no se trata de una ausencia del Estado sobre esos lugares, sino de un cierto tipo de presencia.
No se trata de un Estado paralelo, sino de un Estado convergente.
Nosotros tenemos un mapa histórico que muestra de forma bastante objetiva la extensión del control poblacional y territorial de cada uno de los grupos que actúan aquí en la región. Identificamos que por cerca de 2008, en el momento en que se creó una Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la acción de las milicias en el ámbito del Estado de Río de Janeiro, bastante seria, hubo una reducción en la expansión del control territorial armado.
–¿Por qué se dio esa reducción?
–Porque la Comisión Parlamentaria actuó sobre las bases políticas y económicas de esos grupos. Atrapó a más de 200 personas en aquel momento, incluyendo representantes públicos, empresarios, personas que participaban directamente o indirectamente de esos grupos. Y actuó muy fuertemente en el desmantelamiento, en el enfrentamiento de los negocios de esos grupos. En aquel momento había una cuestión muy importante que era el transporte alternativo que se hacía sobre todo en la zona oeste de Río de Janeiro. Este momento me parece bastante claro sobre la fiabilidad, la posibilidad de enfrentamiento a estos grupos cuando se actúa de forma inteligente y direccionada a estas bases políticas y económicas.
En los momentos en que observamos un aumento de las actividades puramente represivas del Estado, tenemos un aumento del control territorial armado. Son lecciones que tenemos que aprender, me parece, para que el enfrentamiento a estos grupos sea efectivo y entender de que la pura represión contendría el avance de estos grupos.
–De las instituciones de seguridad que todos los países tenemos, ¿cuáles son las que son más vulnerables a estos grupos criminales?
–Bueno, hay un problema de la corrupción de las fuerzas policiales que es notorio. Sobre todo aquí en Río de Janeiro. El año pasado, por ejemplo, tuvimos la prisión del secretario de la Policía Civil aquí por su involucramiento con la criminalidad organizada.
Entonces, no estamos hablando solo de policías que actúan a la punta, soldados o personas sin mayor importancia en la estructura de comando y control de las fuerzas policiales. Hablamos de una actuación estructural. Hay una relación bastante íntima entre las fuerzas policiales y, por tanto, el enfrentamiento de la corrupción policial, que nace de la brutalidad policial, de permitir al uso ilimitado de la fuerza, de la disposición sobre las vidas. Una medida bastante importante para el enfrentamiento de los propios grupos armados y de la lógica del control territorial armado son los controles internos que en Brasil le llamamos las corregidorías de los órganos de seguridad pública.
Además, de los controles externos aquí ejercidas por el Ministerio Público y los controles políticos propiamente divididos entre los gobernadores y las autoridades políticas sobre las fuerzas policiales. Cuando estos controles son débiles, tenemos un estímulo tanto a la violencia policial como también a la corrupción. Y esto es bastante claro aquí, históricamente, en Río de Janeiro.
–¿Se puede afrontar el problema de la seguridad solo desde los organismos de seguridad, sin atender problemas estructurales como pobreza, inequidad?
–Es muy importante que el enfrentamiento a la cuestión de la violencia y la criminalidad en países como Brasil, como Paraguay, como buena parte de los países de América Latina, no sea simplemente una cuestión de seguridad pública. Lo que hemos percibido a lo largo de las últimas décadas en Brasil y en otros lugares también es que hubo una reducción en los recursos destinados a políticas sociales y, al mismo tiempo, un aumento de esos recursos para la área de seguridad pública.
O sea, se está creando una demanda bastante grande que no va a ser respondida solamente con las políticas de seguridad pública.
Es necesario pensar seguridad pública como una cuestión transversal que pueda ser organizada en conjunto con políticas de educación, de salud, de beneficios sociales y también de empleo, porque como yo dije, muchos de los mercados de actuación de las autoridades son mercados desregulados por el Estado y es por eso que los grupos armados actúan sobre esos mercados, comenzando por el de drogas, que es tan lucrativo para esos grupos. Pero también una serie de otros mercados que son legales o ilegales que deberían estar reglamentados. Hay una serie de cuestiones involucradas allí que van mucho más allá de la seguridad pública y sobre las que, las autoridades políticas no están atentas.
