La fiscala Claudia Penayo recalcó que los funcionarios del Indi y dos militares que fueron demorados por la Policía no cometieron ningún hecho punible, sino que se trató de una confusión.
La agente del Ministerio Público afirmó que no existe motivo para imputar a las 13 personas que fueron demoradas por la Policía, luego de abrir un boquete para tras-ladar mobiliarios, documentos y otros objetos hacia un patio vecino. “Estaban realizando una mudanza y la propia presidenta pidió a efectivos militares el traslado de los objetos”, explicó.
Penayo responsabilizó de este hecho a la abogada Elvira Montanía, que representa al grupo de nativos que se están manifestando frente al local del Indi, de los hechos sucedidos y afirmó que, de realizarse una denuncia, tanto la abogada como otros líderes indígenas, podrían ser imputados. “Estaban armados con lanzas caseras”, reveló la fiscala que admitió que en un momento tuvo miedo al enfrentar a la turba.
La presidenta anunció ayer que la institución operará de momento en el predio de la Intendencia del Ejército.
La ONG Tierra Viva emitió un comunicado en que expresa la necesidad de transparentar las acciones públicas que abarca el resguardo de documentos relacionados a las comunidades indígenas. Manifiestan que en casos anteriores, se perdieron valiosos documentos por mudanzas no planificadas.