La gestión de las políticas públicas no sería posible sin contar con recursos humanos. Una gestión pública eficiente, eficaz y con servicios de calidad requiere que la gestión de este recurso se base en el cumplimiento de las normas. En el año 2000, Paraguay aprobó una ley y recientemente contamos con una nueva. La primera no se aplicó y eso se verifica tristemente en la calidad de los servicios públicos y en los altos niveles de corrupción. Esperemos que los nuevos cargos incorporados en el Presupuesto 2025 ya se contraten cumpliendo la nueva norma.
Eso implica que muchas de ellas entran en contacto directo con la ciudadanía, por lo que su rol es fundamental para la calidad de vida.
Además, hay una gran cantidad de evidencia acerca de la vinculación existente entre la profesionalización del servicio civil con el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el control de la corrupción, el aumento de la confianza en el Gobierno y una ejecución presupuestaria del gasto de inversión más eficiente.
La profesionalización es el conjunto de arreglos institucionales mediante los que se articulan y gestionan el empleo público y las personas que lo integran.
La profesionalización implica la presencia de una serie de atributos en los servidores públicos, como el mérito, la capacidad, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la responsabilidad, la honestidad y la adhesión a los principios y valores de la democracia.
Para garantizar la vigencia de estos atributos y los resultados positivos para la sociedad y la economía se requieren un sistema de gestión del empleo y los recursos humanos orientados a la producción de los resultados planificados en las políticas, planes y programas.
En otras palabras, se busca compatibilizar los objetivos de eficacia y eficiencia con los requerimientos de igualdad, mérito e imparcialidad que son propios de administraciones profesionales en contextos democráticos.
Para eso existen normas y entidades públicas encargadas de ejecutarlas como los organismos rectores de la función pública y las direcciones de recursos humanos o talento humano en cada una de las organizaciones del sector público, además por su puesto de un Poder Judicial que penalice el incumplimiento de las normas.
En el año 2000, Paraguay aprobó la Ley de la Función Pública; sin embargo, numerosos estudios nacionales e internacionales realizados con posterioridad señalan que no se han verificado avances en más de 20 años de vigencia de la ley. Entre los principales problemas se encuentran la discrecionalidad en las decisiones de las autoridades relacionadas con la gestión de los recursos humanos, una presencia del mérito muy reducida o inexistente, la falta de implementación de los instrumentos normativos y técnicos, el desconocimiento y ausencia de capacitaciones para el mejor manejo de las normas, la falta de recursos presupuestarios para los sumarios, problemas de interpretación de las normativas, entre muchos otros problemas.
Estos estudios son claros al señalar que el problema en todos estos años no fue la norma, sino su aplicación. Según la información pública disponible, se observa un aumento de 43.363 cargos, totalizando así un pico histórico de 334.541 funcionarios públicos.
Todas estas incorporaciones se realizaron sin contar con mecanismos que aseguren que la totalidad de estas incorporaciones hayan sido realizadas con los criterios señalados con anterioridad.
Cualquier nueva contratación a partir de febrero debe ser realizada a través de la nueva norma. La ley está vigente, porque lo es de cumplimiento obligatorio.
Adicionalmente es necesario implementar los mecanismos para garantizar que no solo se cumpla con los nuevos funcionarios, sino también con los más de 300.000 que deben someterse a la normativa.
