En 2022, el exitoso operativo A Ultranza Py había demostrado el nivel de permeabilidad del narcotráfico en las esferas del Estado, directa e indirectamente. Era un esquema que involucraba a traficantes, lavadores de dinero con empresas de fachada y –cuándo no– también salpicó a políticos y funcionarios. Uno de los imputados era proveedor del Estado, había un pastor evangélico que blanqueaba capitales, también un diputado que está preso y lavaba en una cooperativa y otro que era senador y que sigue ocupando su curul como si nada, porque, acá no pasa nada.
El 10 de mayo de 2022 en una playa colombiana mataron a un fiscal paraguayo especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. La Justicia colombiana halló a los autores materiales del crimen de Marcelo Pecci, los procesó y los condenó. En Paraguay, no pasó nada.
En agosto de 2024 murió el diputado colorado cartista Eulalio Lalo Gomes, durante un allanamiento de su residencia en Pedro Juan Caballero como parte del operativo Pavo Real; el allanamiento buscaba detener a Alexandre Gomes, hijo del político colorado de Amambay que tenía supuestos vínculos con el narcotráfico; Gomes y su hijo fueron imputados por la Fiscalía 10 minutos antes del allanamiento, por supuestos vínculos con un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.
En un rarísimo procedimiento, mataron a un diputado, y no pasó nada...
Bueno, sí que pasó. Unos meses después cuando un juez presentó un informe a la Fiscalía sobre el contenido del teléfono de Lalo se abrió por un rato la caja de Pandora. La historia ya la conocen, la Fiscalía no le hizo caso ni al juez ni a su informe, pero sí le hace caso a una denuncia contra el susodicho juez denunciado ahorita por prevaricato. Los chats hallados llevan a la sospecha de corrupción y tráfico de influencias, pero el fiscal general anda ocupado en otras cuestiones.
Asunción se cae a pedazos. Se ve sucia, fea y abandonada, pero no se preocupen, queridos asuncenos, que el culpable de todo ello tiró la onda de que buscaría la reelección. En efecto, en el reino del aquí no pasa nada , el imputado por lesión de confianza y asociación criminal, Óscar Nenecho Rodríguez, actual intendente buscaría el rekutu. A él no parece preocuparle que la Fiscalía diga que es la cabeza de la estructura que simuló compras de detergentes y desinfectantes utilizando fondos de emergencia en el marco del Covid-19. Tampoco le quita el sueño que la Contraloría ande preguntando qué pasó con los bonos emitidos por la Municipalidad, y ¿dónde están los G. 500.000 millones?
Tras la muerte del diputado Gomes fue convocado el suplente, en este caso, Santiago Benítez. El nuevo diputado hizo recientemente fuertes declaraciones, acusó a ministros del presidente de ser líderes del crimen organizado. Aunque aclaró: “No puedo decir que Santi Peña está involucrado, pero de que sí les tiene alta confianza a estas dos personas…”; y recordó que durante la campaña cuando Peña estuvo en Pedro Juan tuvo como guardias a hombres ligados al narcotraficante Antonio Joaquim Da Motta, alias Motinha.
También mueren bebés porque no hay terapia neonatal, bueno, existen pero solo para que Santi salga en la foto, y cuando los niños pobres de las escuelas reciben comida en mal estado, el ministro se enoja con el que denuncia y responde con amenazas.
Y no, señora, tampoco en este caso va a pasar nada, porque vivimos en el reino de la impunidad y el oparei.
