Nuevamente, parece estarse gestando en la Cámara de Diputados una operación de blindaje de un integrante del oficialismo. Atendiendo a las publicaciones recientes, denuncias e investigaciones periodísticas, el diputado Jatar Fernández está obligado a ofrecer explicaciones a la ciudadanía. Decidió adoptar, sin embargo, una actitud evasiva, mientras sus colegas cierran filas para garantizarle protección. Son intolerables los reiterados insultos al pueblo desde una Cámara de Diputados que solo defiende los intereses de un pequeño grupo.
El diputado Jatar Fernández ingresó al Parlamento de la mano de Paraguayo Cubas, pero pronto decidió alinearse al oficialismo cartista en la Cámara de Diputados. En un breve espacio de tiempo, el legislador se ha hecho bastante conocido, aunque no haya sido –lamentablemente– por sus contribuciones en términos de proyectos y debate.
Apenas iniciado el nuevo periodo parlamentario en julio de 2023, Fernández se convirtió en el único integrante de Cruzada Nacional que votó al cartismo, se desentendió de su partido y dijo que es problema de ellos si era expulsado. Asimismo, había anunciado que actuaría solo, votando a conciencia y además afirmó que no tenía por qué responder a su electorado que lo votó como oposición.
“No votaron porque son antisistema ni porque no le quieren a Cartes”, había dicho.
Posteriormente, en el mes de febrero de este 2024, se hizo pública una denuncia por invasión de inmueble ajeno en la ciudad de Ayolas, cuando un ciudadano dueño de una posada y propietario del lugar desde hacía 25 años denunció al diputado por invasión de inmueble ajeno.
Luego, a fines de mayo, el mismo titular de Diputados atribuyó a Jatar Fernández el pedido de comisionamiento de un funcionario ligado a Tío Rico a la Cámara de Diputados. Como se puede recordar, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, dispone de una larga trayectoria delictiva desde el 2000, es señalado como el líder de una red de narcotráfico, y actualmente está recluido en un penal de alta seguridad. Sobre estos hechos no dio explicaciones, ni fue requerido por sus pares; en cambio, presentó un largo reposo para ausentarse de sus obligaciones en la Cámara.
Algunas semanas antes de la publicación de las más recientes denuncias, Jatar Fernández había acusado, en plena sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, de “haraganes” a todos los paraguayos, iniciando así una agria polémica.
Hace apenas unos días, apareció en Diputados un funcionario reclamando un pago, diciendo que figuraba como encargado de Despacho de la oficina del diputado Fernández, quien, además, lo hacía trabajar en la limpieza de su casa y del cuidado de sus mascotas. Un hecho que produce un triste déjà vu, por experiencias similares al caso de los “caseros de oro” que involucró al entonces diputado colorado José María Ibáñez, y también a la investigación periodística de ÚH sobre tres personas que figuraban como contratadas en la Cámara Baja, pero que en realidad trabajaban en comercios y viviendas del diputado colorado por Paraguarí Tomás Éver Rivas. Y, como si lo anterior no fuese suficiente, también hay una denuncia de que el legislador habría contratado a un barrabrava en la Cámara de Diputados como su asistente.
Frente a todas estas denuncias y hechos que han quedado expuestos a la opinión pública, no solamente el diputado no ha respondido, sino que además sus colegas de la Cámara de Diputados han asumido una clara postura corporativa en su defensa. La Cámara de Diputados se llamó a silencio y no se han tomado acciones en los casos denunciados y que involucran al diputado Fernández, a pesar de que el presidente de la Cámara había dicho que se iniciaría una investigación.
Es lamentable la complicidad de los que se supone deben representar los intereses del pueblo, especialmente, porque como se ha vuelto evidente, no temen al juicio de los ciudadanos. Incluso se los percibe impunes cuando todavía son recientes las denuncias por los numerosos casos de nepotismo que benefician a hijos de diputados, y del vicepresidente de la República. El blindaje supone impunidad y es un insulto a los sufridos contribuyentes.
