El alarmante dato respecto a que solamente uno de cada diez estudiantes universitarios culmina sus estudios, mientras que los nueve restantes abandonan el proyecto académico por motivos económicos y laborales, sin duda, debería ser motivo de reflexión y de preocupación para las autoridades gubernamentales. El país debe reconocer y valorar el rol de la universidad, de la educación superior en los cambios sociales, pues es desde este ámbito que llegarán las respuestas, las alternativas y propuestas para el futuro del país.
Cerca de 300 millones de estudiantes están inscriptos en universidades en todo el mundo, y pese a la cifra se ha duplicado en los últimos 20 años en algunos países persisten las desigualdades. El nuestro es uno de esos países, ya que apenas uno de cada diez estudiantes universitarios logra culminar sus estudios y quienes abandonan el proyecto académico lo hacen por motivos económicos. Este es uno de los datos resultantes de la Encuesta Nacional a Estudiantes de Educación Superior 2024, impulsada por el Ministerio de Educación.
De acuerdo con los resultados del estudio, el 70% de los estudiantes de nivel superior se encuentran en instituciones privadas, lo que evidencia la necesidad de ampliar la cobertura de la universidad pública, que no supera el 30%. Otro dato relevante apunta a que el 60% de los estudiantes universitarios paraguayos estudian y trabajan, de lo cual se deduce que el tema del financiamiento es, sin duda, el eje del problema.
El costo de los estudios representa una gran carga económica para las familias; por esto los estudiantes se ven obligados a trabajar para poder costear la carrera universitaria. Esta no es la mejor situación para un estudiante, pues este ritmo lleva al agotamiento y a dificultades para aprovechar el tiempo académico, sin mencionar la exclusión de miles de jóvenes de no poder optar por carreras que demandan un tiempo académico completo.
Este año, precisamente, el presidente Santiago Peña, con su proyecto Hambre Cero, dejó sin efecto el financiamiento del arancel cero que desde el 2020 establecía la gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades públicas e institutos de enseñanza superior en todo el país. Al eliminar los aranceles para estudiantes provenientes de escuelas públicas, para presuntamente proveer de alimentos a niños escolares pobres, crearon otro problema. El Gobierno impuso Hambre Cero y con eso dio un golpe mortal al desarrollo y sostenimiento de las investigaciones científicas, y sus fundamentales contribuciones a la sociedad.
Preguntarse, ¿qué tipo de modelo de desarrollo plantea el Gobierno de Santiago Peña dejando sin recursos a la educación, la ciencia y la tecnología? es una pregunta retórica. Ya durante la campaña en un mitin político Peña había afirmado: “Creen que los cargos tienen porque son guapitos, porque tienen la pared llena de títulos, pero los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado”. A esto debemos sumar la realidad del nepotismo, debatido y criticado por la sociedad, pero que continúa impune. Sin estudios ni experiencia, los hijos e hijas de diputados y senadores acceden a cargos con millonarios salarios, como la hija del vicepresidente de la República o la del diputado colorado cartista, Yamil Esgaib, cuya hija de 24 años trabaja cuatro horas diarias, de lunes a viernes, con una remuneración de USD 3.000 en la Embajada paraguaya en el Reino Unido, y hasta el presidente de la República rompió lanzas por su nombramiento.
La educación superior debería ser una oportunidad para que los jóvenes aporten al desarrollo del país, obtengan seguridad económica y un futuro estable. Lamentablemente, la clase política elige dejar a la juventud paraguaya sin oportunidades ni esperanza; sin acceso a empleo, a salud, educación y seguridad, para asegurar sus privilegios.
