12 feb. 2025

No satisfacen las respuestas del fiscal general del Estado

Después de un prolongado silencio se manifestó por fin el fiscal general, brindando una entrevista exclusiva a la Radio Monumental 1080. Tras la conversación, las críticas al funcionario no acabaron y el país sigue asistiendo, dividido entre el asombro y la indignación, al escándalo desatado después de la publicación de conversaciones del fallecido diputado colorado cartista Eulalio Lalo Gomes. La divulgación de los chats ha salpicado a autoridades de la esfera política y del Gabinete del Poder Ejecutivo, pero, particularmente, a la Justicia.

Después de las explosivas revelaciones que han dejado los chats de Eulalio Lalo Gomes con autoridades, políticos, jueces y fiscales, es notorio el silencio de funcionarios de rango tan fundamentales como el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón. Una de las más críticas fue la diputada Rocío Vallejo, quien señaló que la seguridad jurídica fue copada por el crimen organizado, lo que pone en peligro la estabilidad del Estado de derecho. Según ella, las mafias tienen el control sobre la designación y destitución de jueces y fiscales.
Después de un prolongado silencio, el fiscal general Emiliano Rolón Fernández acudió a los estudios de Monumental 1080 AM para dar respuestas a la ciudadanía sobre los presuntos hechos de corrupción pública, tráfico de influencias y coimas, revelados en la serie de chats extraídos del teléfono del diputado Gomes. Recordemos que hace más de una semana dicho esquema fue denunciado por el juez Osmar Legal. Luego, el fiscal general decidió trasladar al fiscal Osmar Segovia a la Unidad Fiscal de Paraguarí.

Sobre el traslado, respondió que “hay justificaciones” que derivaron en dicho traslado. Segovia estaba en la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado en Asunción. También señaló que “hay cosas que todavía van a surgir, no quiero ser imprudente y dar datos”, y que lo que se conoció hasta ahora es tan solo la punta del iceberg.

El fiscal general asimismo fue muy crítico respecto a la actuación del juez Osmar Legal –quien había denunciado ante la Fiscalía presuntos actos de corrupción pública, a partir del contenido del celular del fallecido diputado Eulalio Lalo Gomes– y, de hecho, fue quien dio la orden judicial para el allanamiento a la vivienda del legislador, en donde resultó muerto tras un episodio confuso. Después de su muerte incautaron su teléfono celular, el cual actualmente está brindando los indicios de corrupción pública.

Si bien las respuestas del fiscal general no hayan satisfecho las expectativas, llama la atención una de sus expresiones, cuando afirma que los cambios dentro del Ministerio Público no tienen por qué ser explicados a la ciudadanía. “Francamente, no tenemos que explicar por qué cambiamos a un fiscal. El fiscal es una pieza móvil que va donde presta mejor servicio. Se hace para proteger la autonomía y protegerse de las roscas mafiosas. La constante del Ministerio Público debe ser el cambio”.

No se puede ignorar que el Ministerio Público, de acuerdo con la Constitución Nacional, representa a la sociedad. Y que debe velar por el respeto de los derechos y de las garantías constitucionales; promover acción penal pública para defender el patrimonio público y social, el medioambiente y otros intereses difusos, así como los derechos de los pueblos indígenas, entre otros deberes.

El fiscal general no solo representa a la sociedad, sino que también debe responder ante ella, como cualquier otro servidor público, y debe responder incluso cuando las críticas y cuestionamientos no sean de su agrado. Cuando asumió el cargo, Emiliano Rolón había expresado la intención de “ordenar la casa”, e incluso había anunciado acciones como una auditoría en la institución. Hoy aquellas promesas parecen muy lejanas, especialmente por la actitud distante del fiscal con el colectivo que él debe representar, nada menos que la sociedad paraguaya, una sociedad que no está viendo una Fiscalía que se ubica por encima de los intereses particulares, económicos y políticos.

Vivimos tiempos complejos y el crimen organizado prácticamente tiene al Estado paraguayo como rehén. Por esta razón, es momento de que autoridades y funcionarios hagan la elección de estar del lado de la institucionalidad del país.

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Los precios de la canasta básica siguen aumentando y con ello reduciendo la capacidad adquisitiva de los ingresos, poniendo en riesgo los logros en materia de reducción de la pobreza y de calidad de vida. Si bien estos logros se han estancado en los últimos años, un peor escenario es que haya retrocesos como ya se viene observando con los ingresos laborales reales, ya que estos han retrocedido casi una década. Hay soluciones para mitigar el problema. Es urgente que las autoridades implementen programas que resuelvan un problema de larga data.
A todas luces resulta evidente, considerando el tsunami de información que nos llega a diario a partir de los mensajes hallados en el teléfono del diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes, que las instituciones del Estado paraguayo se encuentran prácticamente bajo ataque y en una situación seriamente comprometida. Hace muy poco se estuvo celebrando la obtención de la calificación de grado de inversión; lamentablemente, hoy nos debemos cuestionar si el país es todavía confiable para los mismos paraguayos y para los inversores.