El fiscal Francisco Cabrera, quien investiga la presunta utilización de facturas falsas con realización a más de 470 contribuyentes, no descartó que se pueda analizar como asociación criminal el esquema que se busca desbaratar en el operativo Facturación 3.0.
Diez allanamientos en simultáneo realizó la Fiscalía, junto con la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), ante la denuncia de que existirían 22 empresas proveedoras involucradas desde donde salieron supuestamente facturas de contenido falso o clonadas.
El fiscal Francisco Cabrera explicó que están investigando si estas firmas tenían conocimiento o no de la falsificación o clonación de los documentos. Una de las empresas allanadas fue Engineering Saeca, en la ciudad de Luque, que había declarado facturas de estas empresas proveedoras.
El fiscal que lideró los operativos habló de que se estima un perjuicio de G. 110.00 millones, de manera inicial, pero esto podría aumentar a medida que continúen las investigaciones.
La SET hizo una investigación previa desde hace ocho meses y posteriormente realizó una denuncia ante el Ministerio Público. Se investiga producción y uso de documentos no auténticos de contenido falso y no se descarta que haya asociación criminal.
MODUS OPERANDI. Según relató el fiscal, estos 22 proveedores emitían facturas falsas que eran usadas por empresas a la hora de declarar. En total, más de 470 firmas habían utilizado estas facturas.
“Estas personas no saben y no sabían que estaban inscriptos como contribuyentes. Se puede dar el caso que un contribuyente de buena fe reciba una factura y haya pagado por ese bien y declare esa factura como una compra... Se va a ver si hubo dolo, si tenían el conocimiento de la autenticidad de las facturas”, manifestó el fiscal.
Indicó, además, que en esta lista de 22 proveedores se encontró vinculación, ya sea porque declaraban el mismo contador, o porque formaban parte del mismo esquema familiar. “Entonces se pudo establecer que estos proveedores trabajaban en forma conjunta o eran utilizados por un esquema”, explicó Cabrera.
Reveló que, incluso, hay un caso de uno de estos 22 que habría fallecido, pero igual se estaría facturando a su nombre.
De estas proveedoras, algunas de ellas no condicen lo declarado con su actividad y tampoco el monto expuesto.
Entre lo incautado, la Fiscalía llevó documentos, teléfonos y computadoras.
Entre los 22 proveedores, se encontraron vinculación, según determinó el Ministerio Público. Ahora se evaluarán si las personas que utilizaron las facturas sabían que eran falsificadas.
