–¿Cómo surgió su candidatura a juez de la Corte-IDH y qué puede significar para el Paraguay?
–La candidatura tiene ya un antecedente. Ya había tenido esta posibilidad en una oportunidad anterior. Creo que fue en el 2021. Pero por razones familiares y otras cuestiones no acepté. En esta ocasión, se vuelve a dar la situación, existen tres vacancias a la Corte y hubo gente del Estado paraguayo y también cercana al Sistema Interamericano que vieron esto como una oportunidad para que un país que nunca ha tenido un juez en la Corte-IDH pueda presentar un candidato. Y como yo tengo esa experiencia, conozco el Sistema Interamericano, se dio un acercamiento por parte de Cancillería. Entiendo que habían sondeado distintos nombres y fui referenciado por algunos amigos, colegas y magistrados que fueron consultados. Y a partir de ahí me ofrecieron esta posibilidad. Me tomó un tiempo largo para pensar y decidir. Pero finalmente lo vi como una causa nacional. Me pareció importante en ese sentido aceptar este desafío.
–¿Le ayudó decidir el hecho de que ha trabajado en la Organización de Estados Americanos?
–Bueno, trabajé en la OEA durante seis años (fue asesor jurídico en el Departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, en Washington DC). Había ganado esa posición por concurso. Tenía la vida hecha ahí, tenía una carrera, un buen salario, buenas condiciones y la seguridad de una buena jubilación. Pero decidí volver para servir a mi país, trabajando en algo que me gusta: la docencia, en distintos ámbitos. Hace diez años que enseño, lo hago en la Escuela Judicial, en la Universidad Católica, más recientemente en la Universidad Nacional, y en otras universidades. Ahora surge una buena oportunidad para servir al país en otro nivel.
–En nuestro país, hoy existe el temor de que se produzcan retrocesos en cuanto a derechos humanos por situaciones como el intento por derogar con una ley un convenio vigente con la Unión Europea que incluye el término género, y por una campaña de desprestigio contra los defensores de los DDHH. ¿Con estos antecedentes su candidatura pueda tener los votos de los demás países?
–No puedo hacer comentarios sobre cuestiones muy puntuales que se han dado, aunque estoy totalmente atento a lo que me plantea. Uno de los factores que a mí me animó a aceptar esta candidatura es porque soy consciente de que el Sistema tiene que estar ocupado por personas comprometidas con la democracia, con el Estado de Derecho, con los derechos humanos y con la institucionalidad democrática. Si resulto electo, seré un juez de un organismo internacional y veré las cosas desde una perspectiva más regional. En tal sentido, creo que todos los países de la región tienen problemas en términos de institucionalidad democrática.
Entonces, respecto a su pregunta, uno de los elementos que yo tuve en consideración para aceptar esta candidatura es poder demostrar a toda la comunidad internacional que Paraguay puede ocupar espacios de relevancia.
Creo que es muy importante romper ciertos estereotipos, ciertos paradigmas, presentando esta candidatura. Por eso, he estado hablando con distintos sectores de la sociedad civil, con referente de distintas fuerzas políticas, y realmente a mí me gustaría que esta sea una candidatura nacional y que ayude no solo a nivel regional, no solo a la Corte para mejorar su jurisprudencia en algunas líneas que considero claves, sino a tener una incidencia local importante.
–¿Le incomodaría asentar una posición jurídica sobre temas que provocan resistencia como una ley contra toda forma de discriminación, la igualdad de género, el matrimonio igualitario?
–Para nada. Mi labor en la Corte-IDH será estrictamente técnica. Recordemos que hay dos órganos del sistema Interamericano: La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta cumple una función más política y tiene una cierta cancha para seleccionar temas y avanzar en ciertas líneas, brindar respuestas sobre tales temas, generar relatoría temática, etc.
La Corte recibe casos y los tiene que resolver interpretando y aplicando la Convención Americana o Pacto de San José, la Convención de Belem do Para o el Protocolo de San Salvador.
–Entonces, ¿no le asustan abordar esos temas?
–No, porque si tuviese miedo, si me temblasen las manos, ni siquiera debería estar en este proceso. Como juez, voy a tener la obligación de dictar sentencias en casos que son conflictivos porque dividen a nuestras sociedades o sobre los que hay posiciones polarizadas. Pero eso no quiere decir que voy a imponer mi idea, o lo que a mí se me antoja, sino obrar sobre la base de un instrumento marco que es la Convención Americana, que tengo que interpretar y aplicarla.
Además, la jurisprudencia de la Corte es riquísima. Por eso, es que este órgano es tan importante. Quiero que la gente entienda lo que se juega acá. Creo que una candidatura paraguaya es muy importante para que se escuche la perspectiva jurídica paraguaya que se escuche nuestras realidades, nuestra tradición y que se sepa que en Paraguay nosotros también estamos comprometidos con la promoción y la defensa de los derechos humanos, la igualdad de la persona, el estado de derecho y la democracia.
–¿Cómo ve a Paraguay con respecto a los estándares de derechos humanos vinculados a independencia de los poderes, la no sujeción del Poder Judicial a la política?
–Como se está presentando mi candidatura, no puedo emitir opiniones, no solo sobre Paraguay, sino de lo que pasa en otros países. No obstante, creo importante resaltar que la Corte-IDH cumple no solamente la función de ver si se violó tal o cual derecho de la Convención Americana, sino es un pilar esencial y fundamental para la consolidación del Estado de derecho y de la democracia en la región. Y en ese contexto, no se puede hablar ni de democracia ni de Estado de derecho si no se tiene un Poder Judicial independiente.
Hay numerosos precedentes que han fijado criterios muy claros en materia de independencia judicial y de protección a los jueces para que puedan desempeñar su cargo con total independencia, y sin incidencia no solo del poder político, sino también del poder económico, fáctico o de cualquier índole.
Es innegable la relevancia de la Corte Interamericana. Pero más importante son los jueces domésticos, los jueces locales. ¿Por qué?, porque son los que tienen la obligación, la misión y el deber de que no se produzcan violaciones de derechos humanos a nivel local que puedan llegar a la Corte-IDH. Esta tiene la capacidad para resolver una veintena de casos al año. Sin embargo, ¿cuánto resuelve un juez de Paz acá en Paraguay? Ahí está la lucha que hay que librar.
–¿Cómo abordar desde el impacto que tienen en los derechos humanos la acción del crimen organizado transnacional muy presente en la región?
–Es un tema que preocupa, no solamente al Sistema Interamericano, sino a todos los sistemas de protección de derechos humanos regionales y también a nivel universal en el ámbito de la ONU. Innegablemente el crimen organizado tiene unas consecuencias nefastas con relación a los derechos humanos en distinto orden. Así como la corrupción que también tiene efectos nefastos sobre una cantidad de derechos humanos.
Pero entraría a tallar la creatividad de las organizaciones de la sociedad civil y de la Comisión Interamericana al plantear los casos ante la Corte, para que claramente pueda entenderse como casos en los cuales tenga competencia bajo la Convención. Pero son temas absolutamente prioritarios.
–¿Además de los recursos actuales, qué más puede hacer la Corte para que los Estados cumplan en tiempo y forma las sentencias que emite?
–Hay un déficit generalizado, no solo en Paraguay, en materia de cumplimiento de sentencia de la Corte. Es un problema endémico, y eso es algo que requiere un esfuerzo colectivo para que pueda superarse. El cumplimiento de una sentencia no puede durar 14-15 años. Hay muchas fórmulas creativas con las que la Corte podría actuar, pero eso no quita que se haga un diálogo amplio entre todos para ver cómo avanzar. Hay que trabajar para concienciar a los Estados de que es importante que la sentencia de la Corte-IDH se cumpla. De lo contrario, todo el sistema se vuelve ilusorio. Se supone que los Estados ratifican la Convención para cumplirla de buena fe, y se supone que esa sentencia tiene que ser cumplida de buena fe.
