04 ene. 2025

No seguir dilatando pedidos de intervención a municipios

Los reclamos, las denuncias y las movilizaciones de varios sectores ciudadanos para que se intervengan algunas administraciones municipales del país, ante indicios concretos de irregularidades y presuntos hechos de corrupción, no se deben seguir dilatando solamente por intereses políticos sectoriales o complicidades con las autoridades cuestionadas. Tras la formación de comisiones especiales de investigación en la Cámara de Diputados, corresponde que los dictámenes se conozcan cuanto antes y se de respuestas al clamor de la ciudadanía. La culpabilidad o inocencia deberá demostrarse en cada caso, no evitando las auditorías.

Luego de mucho tiempo de que se haya dilatado el tratamiento, finalmente en la sesión del miércoles, tras un debate que llevó más de dos horas, los miembros de la Cámara de Diputados aprobaron la conformación de las comisiones especiales de investigación para ocuparse de seis pedidos de intervención de municipios en distintos puntos del país: Ciudad del Este, Limpio, La Colmena, Santa Rosa del Aguaray, Ñumí y Mbocayaty del Yhaguy.

A partir de ahora, cada comisión tiene hasta quince días de plazo para elaborar sus dictámenes a favor o en contra de la intervención y presentarlos ante el pleno de la Cámara. Las comisiones están conformadas por nueve miembros, de los cuales cuatro son colorados, tres son liberales y dos pertenecen a los partidos o movimientos políticos más pequeños.

De los seis casos que se hallan en proceso, el que resulta más polémico es el pedido de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, que fue aprobado y presentado por segunda vez por una mayoría de miembros de la Junta Municipal local. En el primer caso, la Cámara Baja había rechazado, debido a que la mayoría se mostraba aliada al grupo político cuestionado, que gozaba de la protección del oficialismo colorado que respondía al entonces presidente de la República, Horacio Cartes.

En esta circunstancia, el panorama político es diferente y han crecido los indicios de irregularidades y presuntos hechos de corrupción de los que se acusa a la intendenta municipal Sandra McLeod, como a su marido, el senador Javier Zacarías Irún y otros miembros de grupo político esteño conocido como el Clan ZI, quienes además están siendo investigados por el Ministerio Público por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal. Al mismo tiempo, la movilización ciudadana que exige la intervención es mucho mayor.

Además de haber generado un fuerte debate y enfrentamiento entre los disputados, la formación de las comisiones investigadoras para la intervención a los municipios se hizo con algunas claras irregularidades. Una de ellas fue que los diputados implicados en los mismos asuntos a ser dilucidados formen parte de los grupos políticos a quienes deben investigar, como el caso del diputado colorado cartista por Paraguarí, Tomás “Éver” Rivas, quien integra la comisión parlamentaria que decidirá sobre la intervención al Municipio de La Colmena, en su propio departamento.

Ante esta situación, corresponde que los dictámenes se conozcan cuanto antes y se ofrezcan respuestas concretas al clamor de la ciudadanía. La culpabilidad o inocencia de los acusados deberá demostrarse en cada caso, no evitando las auditorías