María Carolina Llanes tuvo una destacada actuación en la intervención del Municipio de Ciudad del Este hace unos meses, destapando las múltiples irregularidades que venía soportando la capital de Alto Paraná. Su trabajo le valió para ser convocada de vuelta por el Ejecutivo como titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Doctora en Ciencias Jurídicas, fue fiscala, jueza y directora jurídica de IPS. De gran experiencia en el ámbito penal, es también docente universitaria y hoy integra la terna para reemplazar al jubilado José Raúl Torres Kirmser en la Corte Suprema de Justicia.
–¿Cómo se siente por estar ternada, qué significa para usted?
-Primero, es un logro muy importante, como persona y como profesional, llegar a estas instancias de un proceso tan relevante para la República, y teniendo en cuenta la cantidad de veces que vengo intentándolo, sin perder nunca las esperanzas. Haber llegado a estas instancias, en este momento histórico que está viviendo el Paraguay en materia de justicia penal más que nada, que es lo que a mí me compete, porque me he especializado, y la experiencia que tengo es de esa área. Entonces, yo estoy viviendo de manera muy emocionada, porque no puedo negar que me emocionó saber la noticia de integrar una terna de este nivel, de esta envergadura. Tengo depositadas mis esperanzas en que el proceso culmine positivamente.
–¿Qué piensa de la cuestionada sesión secreta que tuvo el Consejo antes de elaborar la terna?
–Teniendo en cuenta cómo fue el comienzo de los concursos para la Corte y la Fiscalía General, a lo que son hoy, creo que ha habido un avance muy importante, más allá de sus luces y sus sombras, más allá de los cuestionamientos que todavía quedan y que yo considero que son válidos y que pueden mejorar aún más las herramientas del concurso (...). La sesión última, de integración de terna, fue histórica. Nunca se transmitió en vivo una sesión de integración de terna para ministro de Corte. Lo que sucedió en la sesión anterior, entiendo que hubo una justificación del Consejo, pero estando vigente la ley que exige la transparencia de todos los procesos de este tipo, entonces llamó la atención que no haya sido abierta al público. Ese cuestionamiento está presente y es válido.
–¿Por qué se postuló?
–Desde el 2015 me vengo postulando. Este es el sexto concurso en el cual estoy postulándome. Me he presentado porque he considerado que he adquirido la experiencia y especializado en el área penal y he creído que puedo tener algún aporte para el Poder Judicial en caso de llegar. Desde esa legítima aspiración personal me he trazado una meta, y nada más estoy haciendo el camino para llegar a esa meta. En este momento coincide con esta coyuntura política laborar en que me encuentro.
–¿Qué piensa de la justicia?
–Siempre he sido bastante crítica con la administración de justicia, desde hace tiempo (...). Nuestra Constitución establece un programa político dentro del cual se destinan las líneas, las pautas, de cómo se va a administrar el Poder Judicial, primero, y el poder penal del Estado, y ese programa político aún está pendiente de aplicación efectiva, en términos generales. Y en términos específicos, en relación al respeto a la libertad de las personas durante el proceso penal, al respeto a la dignidad en la aplicación equitativa de los derechos y de los bienes, dentro de un modelo de Estado Social de Derecho, eso todavía no se alcanzó. Estamos con una deuda pendiente en relación al cumplimiento del Pacto Social que es la Constitución Nacional. Eso se evidencia con el hacinamiento y el congestionamiento de personas en las penitenciarías. Ese no puede ser el corolario del proceso penal.
–¿Cuáles son sus planes en caso de ser electa?
–Justamente empezar por trabajar en la redefinición de la política criminal del Estado, que no solamente corresponde en responsabilidad al Poder Judicial, a la Corte Suprema de Justicia que es su máxima autoridad, sino que a todos los poderes del Estado, a los demás organismos implicados, inclusive a la sociedad. Es una tarea grande, pero que no puede postergarse más (...). O no está definida claramente la política criminal, o directamente no existe, y cada uno hace lo que cree que tiene que hacer, y de manera absolutamente descoordinada. El Poder Judicial es el que tiene que interpretar las leyes, pero no se involucra por ejemplo en la modificación de muchas de esas leyes que después tiene que implementar. No es que tenga que interferir en la independencia de otro poder del Estado, los poderes tienen que actuar de manera coordinada como dice la propia Constitución.
–¿Cómo se hace para mejorar la imagen de la Corte Suprema de Justicia?
–Tienen que haber acciones en todos los ámbitos, primero con la planificación, y luego con las acciones concretas, ya sea en el ámbito de la corrupción, de la morosidad, de la capacitación, sobre qué se tiene que capacitar a los operadores; cuál va a ser el énfasis; dónde hay debilidades en la aplicación de la ley; si el problema es la ley o el operador. La imagen pasa por cumplir a cabalidad el programa constitucional. Uno no puede establecer un plan o pretender mejorar la imagen si es que no tiene en cuenta los postulados constitucionales (...). Esa es la norma, y en base a esa norma se tiene que organizar todo lo demás, lo operativo. Esa es una deuda pendiente muy grande. Afecta a los tres poderes, directamente a la imagen del Poder Judicial porque es el que finalmente tiene que concederte o no el derecho reclamado.
–¿Son peores los ministros de la Corte que se dejan someter o los políticos que los someten?
–Cada uno tiene que tener un sentido de la ética en el manejo del poder que tiene. Ninguno tiene más poder que el otro. Son poderes diferentes, que tienen que interactuar, y esa interacción es la que tiene que ser en beneficio de la sociedad, no en beneficio de intereses particulares. Tiene que existir un punto de equilibrio, para que ninguno interfiera o se interponga al ejercicio del poder del otro.
–¿Cuál es su relación con el presidente Mario Abdo?
–Yo empecé a relacionarme con el presidente a partir de finales de noviembre de 2018, cuando me convocó para la intervención del Municipio de Ciudad del Este. Yo no lo conocía, lo conocía de las redes y obviamente por ser quien es. No había hablado personalmente con él nunca. A partir de ese momento existió una relación laboral con el presidente de la República. Al cabo de ese trabajo, cuando me iba a reincorporar al anterior, me llama nuevamente y me dice ‘necesito una colaboración aquí, porque la situación está así, etc’. Y nuevamente me comprometí. Ese es mi relacionamiento con él. Él es representante del Poder Ejecutivo, y yo soy en este momento una secretaria de esa dependencia del Estado. No somos amigos.
–¿Debe favores a alguien?
–No, absolutamente. No tengo ningún compromiso político con nadie, ni partidario, ni fáctico, ni de nada. Mi compromiso es con la República del Paraguay. En este momento solo cumplo una función, que si bien a lo mejor no es aún muy relevante, es importante para el cumplimiento de las finalidades del sistema penal. Volvemos al sistema penal, lo que tiene que ver con la conservación de los bienes hasta tanto dure el proceso, y se decida el comiso o la devolución.
